VALENCIA, 22 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) para “defender sus derechos y honorabilidad” en relación con las declaraciones que realizó el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, sobre el empadronamiento de la vicepresidenta en Beneixida (Valencia) y la reclasificación de unos terrenos de su propiedad.
Así lo anunciaron a Europa Press fuentes de la Vicepresidencia del Gobierno, después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya desestimado el recurso que presentó Fernández De la Vega por la sentencia que desestimaba la demanda que interpuso contra González Pons, por “intromisión ilegítima” en su derecho al honor, debido a unas manifestaciones que el dirigente 'popular' realizó a los medios de comunicación en diciembre de 2007.
Desde el Gabinete de la Vicepresidencia del Gobierno, destacaron que María Teresa Fernández De la Vega, “como no puede ser de otra manera, acata la sentencia”, aunque matizaron que “no la comparte”.
La sentencia, consultada por Europa Press, recoge que “en ningún caso” las declaraciones de González Pons pueden ser consideradas como “intromisión ilegítima en el honor de la demandante cuando es notorio que los políticos de distinto signo aprecian su 'vecindad' y 'residencia habitual', a fin de atribuirse las candidaturas de las diferentes demarcaciones electorales aun cuando, en el desempeño de sus actuaciones profesionales, habitualmente residen en otro lugar”.
Por ello, esta afirmación de González Pons --continúa el auto--, “con independencia de la posible infracción” del reglamento de población y demarcación de entidades locales que pueda suponer la acción a la que se refiere, “puede ser perfectamente calificado como 'irregular' sin, por ello, lesionar la dignidad de la persona a la que se refiere la información, menoscabar su fama o atentar contra su propia estimación”.
Respecto a los terrenos, el texto indica que De la Vega, y con anterioridad su familia, “era propietaria de terrenos agrícolas en el municipio de Beneixida; que, como consecuencia de su reclasificación, pasaron a ser terreno industrial y que, tras el desarrollo del PAI y urbanización del polígono industrial en que se encontraban dichas tierras, el precio del terreno ascendió de 9 euros el metro cuadrado (rústico) a entre 70 y 100 (industrial)” y que tras ello, se procedió a la venta de dichos terrenos por 72.000 euros.
La sentencia apunta que las declaraciones del vicesecretario González Pons sobre este aspecto “impiden apreciar la directa imputación a la demandante de hechos que la hagan desmerecer en la opinión pública, limitándose el demandado --González Pons-- a comunicar en la rueda de prensa lo que escuchó de terceros así como dejar constancia de la relevancia que, de ser ciertos aquellos hechos, tendrían en las elecciones en que participaban”, en la que ambos se presentaban como candidatos por Valencia.
La vicepresidenta presentó en diciembre de 2007, el día en que se conoció que González Pons sería el candidato del PP por Valencia a las elecciones generales de 2008, una querella por unas declaraciones realizadas por el dirigente 'popular' en referencia al empadronamiento de De la Vega en Beneixida, en Valencia, provincia por la que iba a ser cabeza de lista del PSOE.
En marzo de 2009, el Juzgado de primera instancia número 63 de Madrid desestimó dicha demanda y De la Vega decidió recurrir ante la Audiencia Nacional, que también ha desestimado el recurso. Por ello, presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.