Corea del Sur ha conseguido controlar la pandemia de coronavirus en un tiempo récord de solo una semana gracias al diagnóstico masivo de su población. Parte de la estrategia ha consistido en distribuir una aplicación para móviles en la que, aportando los datos personales (domicilio, edad, sexo y teléfono o correo electrónico de contacto), se gestionaba la información sobre la enfermedad.
En caso de que el diagnóstico fuese positivo, al usuario se le ofrecía una cita para realizar el test. La prueba se llevaba a cabo en un punto de encuentro al que el usuario se desplazaba en coche, y donde los sanitarios hacían el test sin necesidad de salir del vehículo, de forma rápida y bastante segura. El paciente recibía el resultado a las 24 horas en su dispositivo.
Por si fuera poco, el gobierno de Corea del Sur tenía un canal de información en el que cada usuario podía conocer cómo de afectada se encuentra su zona de residencia.
No les ha ido mal el sistema. Con este protocolo no solo han evitado el colapso de los servicios telefónicos de información y de las ambulancias. Además, al no desplazar pacientes a los hospitales para las pruebas, se ha reducido considerablemente el riesgo de infectar o ser infectado.
En total, en Corea del Sur se han realizado más de 200 000 pruebas, que han permitido bajar la tasa de afectados de 813 el 29 de febrero a 114 el 12 de marzo. Con lo que eso implica en cuanto a descongestión de hospitales, capacidad de atención a todos los pacientes críticos y posibilidad de hacer acopio de material según las necesidades.
Al mismo tiempo, la aplicación ha servido para controlar a los pacientes y asegurarse de que se respeta la cuarentena. ¿Cómo? Bien mediante el sistema de geolocalización o bien rastreando el uso de tarjetas de crédito para pagar o sacar dinero del banco. Cuando un ciudadano no respetaba la cuarentena, se le sancionaba directamente con una multa. Solo en casos de extrema necesidad se podía pedir un permiso de desplazamiento que se recibía en el móvil, a través de un código QR.
La colaboración entre sector público y el sector privado ha sido otra de las claves para conseguir que el sistema sea eficiente. El Ministerio de Sanidad y las empresas han colaborado tanto en la creación de la aplicación como en la recolección de los datos y su posterior análisis.
¿Es posible aplicarlo en España?
Llegados a este punto la pregunta que cabe hacerse es si podría aplicarse en nuestra sociedad un sistema parecido en el caso de una emergencia sanitaria como la que supone la actual pandemia.
Analicemos punto por punto.
En principio, la justificación de la utilización de datos sanitarios y personales es sencilla por el artículo 9.2 del Reglamento de Protección de Datos, que permite su utilización cuando el sujeto cede la información mediante su consentimiento y cuando los sistemas de prevención médica o tratamiento sanitario lo determinen. En ese caso la legalidad se cumple y es posible que los ciudadanos cedan sus datos, no solo para estar al tanto de su situación médica sino también para conseguir volver a la normalidad y eliminar el riesgo que conlleva para la sociedad.
Sin embargo, y aquí está el quid de la cuestión, es esencial garantizar que los datos se van a utilizar única y exclusivamente para este objetivo médico. Que solo se van a guardar durante el tiempo necesario para la controlar la pandemia. Y también que los datos que van a manejar la administración y las empresas no se emplearán para otros fines ni se venderán a terceros.
Para ello, la correspondiente administración estatal o autonómica debe crear un mecanismo de información, seguridad, transparencia y gobierno abierto. Es la única vía para que los ciudadanos puedan sentir que sus derechos fundamentales a la sanidad y a la privacidad se van a mantener intactos. De hecho, esta ha sido una de las claves del éxito de la experiencia de Corea del Sur.
En estas situaciones es preciso que los gobiernos con competencias en materia de sanidad utilicen los datos del paciente para tomar las mejores decisiones posibles, gestionar los recursos y disminuir el impacto de la pandemia. Podríamos decir que es, incluso, una obligación.
Como lo es también que informen adecuadamente a los ciudadanos del uso de sus datos, limiten los datos solicitados a los mínimos necesarios, restrinjan en el tiempo su disponibilidad y prohíban su mal uso.
El Estado de alarma decretado en España permite al Gobierno limitar los derechos de los ciudadanos. No salir de nuestra casa limita la libertad de movimiento. La utilización de los datos limita nuestra privacidad.
Sin embargo, hay una gran diferencia. La libertad de movimiento dura sólo 15 días.
Los datos se van a conservar y usar más tiempo para controlar la pandemia. Nuestra privacidad se va a ver afectada durante más tiempo que el Estado de alarma. ¿Podrán utilizarse dentro de 15 años?
Solo poniendo unos límites éticos y jurídicos se conseguirá tener unas herramientas eficaces para la medicina y el interés público con una legitimación democrática que respete a los ciudadanos.
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.