Caso Mascarillas

El administrador de RR7 United, la empresa que vendió mascarillas falsas al Gobierno canario, no declara ante el Parlamento

El administrador único de RR7 United, Rayco González, investigado por el caso Mascarillas al vender al Servicio Canario de Salud (SCS) un lote de un millón de mascarillas falsificadas por cuatro millones de euros y que ni siquiera llegaron a recibirse, se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar ante la comisión de investigación sobre material sanitario en el Parlamento de Canarias.

El empresario, investigado por estafa agravada y blanqueo de capitales, se ha limitado a asentir en algunas ocasiones, especialmente a preguntas del portavoz de Vox, Nicasio Galván, sobre si la forma de proceder del SCS de abonar por adelantado el material era la correcta, acerca de las modificaciones en el contrato o si conocían a más contactos de otros intermediarios en el seno del SCS.

González solo rompió su silencio para aclarar que una entidad bancaria le exigió retirar el dinero de sus cuentas e intentó abrir otras en otro banco.

Buena parte de los grupos parlamentarios le han reprochado la actuación de su empresa en plena pandemia e incluso el diputado del Grupo Nacionalista, José Alberto Díaz-Estébanez, ha insinuado que lo quieren convertir en “cabeza de turco” de la supuesta trama.

Fernando Enseñat (PP) ha preguntado por una foto en la que aparece en una comida en un restaurante de Fuerteventura junto al por entonces presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y le ha pedido, sin éxito, quién le pidió entrar en el “negocio”.

Nira Fierro (PSOE) ha dicho que “quien la hace la paga”, remarcando también que “tan indecente es el sé fuerte” [de Rajoy a Bárcenas] como el “nos vamos a forrar” con el que se refiere a una conversación entre González y otro intermediario, Lucas Cruz, en julio de 2020.

Quien sí ha respondido a los diputados fue Clara Isabel Cabrera Pérez, administradora única de Titerro Internacional SL, empresa dedicada al comercio internacional y a la que se le contrató para distribuir 200.000 batas quirúrgicas por más 1,9 millones de euros que están bajo la lupa de la Fiscalía Europea.

Ha dicho que ofrecieron sus servicios directamente al SCS gracias a su experiencia de más de 20 años de trabajo en China (tienen oficina allí) y que su contacto fue el entonces director del SCS, Conrado Domínguez, con quien se reunió en las dependencias de la Consejería de Sanidad en Las Palmas de Gran Canaria.

“Fue espantoso”

Ha apuntado que no recibió ninguna comisión por la operación y describió el mercado chino en los primeros momentos de la pandemia como “salvaje, una cosa disparatada”, donde se cambiaba el precio “tres veces” durante la misma llamada. “Fue espantoso”, ha indicado.

En ese sentido ha comentado que había “muchas falsificaciones” y que en su caso concreto, le robaron cuatro contenedores en el aeropuerto de Barajas, hasta el punto de que entendía que en ocasiones de pagara por adelantado (algo que permitía el estado de emergencia). “O pagabas el 100% o no tenías el material”, ha agregado.

Ha detallado que en su caso concreto se pagó en tres plazos mediante transferencia, al contratar, al embarcar el material en el avión y a la recogida de la mercancía y que hubo más contratos una vez pasado el estado de emergencia.

Incluso ha revelado que ofreció mascarillas FPP2 al SCS pero fueron rechazadas porque ya se disponía de stock suficiente (coincide en fechas con los pedidos de Soluciones de Gestión aunque según el Grupo Nacionalista posteriormente sí se aceptó la oferta de RR7).