El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles, con la abstención del Grupo Socialista, una petición para que el Estado aplique la inclusión de los hijos menores de edad de padres divorciados que viven en la Península como beneficiarios del descuento de residencia al transporte regular de viajeros.
La proposición no de ley fue presentada por el diputado de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Raúl Acosta, quien defendió la propuesta en función de “los enormes beneficios sociales que tendría la medida en contraposición al limitado impacto económico presupuestario que implicaría su puesta en marcha”.
El diputado herreño recordó que, por ejemplo, “para esta Semana Santa un billete ida y vuelta Madrid-Tenerife está en los 600 euros, una cantidad que se incrementa en el caso de los menores cuyos progenitores residen en una isla no capitalina, puesto que este trayecto tampoco está contemplado en el descuento”.
Acosta indicó que los menores que tienen su residencia administrativa en la península ven dificultada su relación con el otro progenitor y la parte de la familia que reside en las islas.
“Si el gasto es enormemente impactante para el bolsillo de un ciudadano medio de nuestras Islas, peor es el impacto emocional que tiene en un niño o una niña perder el vínculo con uno de sus progenitores, con sus abuelos o con su propia tierra”, señaló el diputado.
No obstante, Acosta rechazó las enmiendas en las que se pedía que el Gobierno canario asumiera ese gasto en el caso de que no lo hiciera el Estado, al estimar que esa propuesta distorsionaba el sentido de su iniciativa.
En la legislatura pasada se aprobó una iniciativa similar pero no se ha implementado, según denunció la diputada del PP Rebeca Paniagua.
El diputado consideró que la subvención del 75% al transporte regular, marítimo y aéreo, que ha sido “crucial para la movilidad”, ha dejado desamparados a un significativo número de menores de edad, que ven dificultada su relación con sus familias por el alto precio de los billetes aéreos no bonificados.
Para el diputado, es preciso garantizar el derecho de estos menores el ejercicio pleno de sus derechos y el mantenimiento de los vínculos familiares.