La plataforma Canarias Libre de CIE apoya el comunicado que a nivel estatal considera “legítima y justa” la protesta de varias personas internas en el Centro de Internamiento de Aluche (Madrid), reclamando “libertad” y “dignidad”.
Diferentes organizaciones en el territorio nacional han suscrito un documento en el que apelan a la “solidaridad y movilización sostenida de la sociedad por el cierre definitivo y sin condiciones de todos y cada uno de los Centros de Internamiento del Estado” y, con este fin, han convocado una concentración en Aluche a las 18:00 horas de este miércoles.
La jueza de control del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Victoria Rosell, quien denunció el pasado año en un auto una serie de incumplimientos en la normativa de este establecimiento, lleva trabajando muy cerca con el CIE de Gran Canaria desde hace varios años.
“Las personas que protestaron en Aluche tiene razón porque en los CIE se vulneran los Derechos Humanos de las personas internas y se les priva de libertad sin haber cometido ningún delito”, explica Rosell.
Y es que los CIE, dependientes del Ministerio del Interior y gestionados por la Policía Nacional, fueron creados como una medida excepcional para internar a las personas que estuviesen en una situación irregular administrativa por un periodo máximo de 60 días, con el fin de expulsarlos.
“Pero en la práctica vemos cómo el internamiento se utiliza de manera sistemática y lo que reclaman las personas que se subieron a la azotea del CIE de Aluche es respeto por su dignidad, piden simplemente su libertad”, cuenta la portavoz de la plataforma Canarias Libre de CIE, Jenny Sandwhani.
“No digo que sea previsible, pero sí me parece lógico que esas personas protesten ante una situación de vulnerabilidad, ya que están privadas de libertad y, según lo que he leído, tienen información acerca de su situación, saben que van a ser expulsadas a su país de origen y obviamente reclaman libertad como cualquier otra persona que está en un CIE, aunque no de forma tan airada”, reclama el portavoz de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo.
En el Archipiélago, donde existen dos CIE (uno en Barranco Seco, Gran Canaria y otro en Hoya Fría, Tenerife) de un total de ocho en territorio nacional, siguen siendo internados cada año cientos de personas.
Pablo Socorro, portavoz de la plataforma Canarias Libre de CIE, manifiesta que el de Barranco Seco “es un espacio totalmente carcelario” donde los internos no tienen suministro de ropa, “llegan con la que les da Cruz Roja y no pueden ni lavarla” y en ocasiones “deben hacer sus necesidades en botellas de plástico porque los baños están fuera de las celdas”.
“Además, no pueden hablar con los policías porque los funcionarios no entienden francés ni inglés en la mayoría de los casos, ni cuentan con psicólogos, ni traductores, ni clases que les ayuden a aprender el idioma, ya que en la mayoría de los casos solo hablan francés o inglés”.
En la actualidad hay nueves personas internadas en Gran Canaria, seis hombres y tres mujeres, y “la mayoría, que llega en patera, no puede hacer llamadas internacionales gratuitas para hablar con sus familias, sólo les permiten una al entrar”.
La situación en Tenerife es diferente, con aproximadamente 60 personas internadas en la actualidad y mejores instalaciones. “A Hoya Fría se mandan a los internos en calidad de detenidos desde Barranco Seco con la excusa de que las instalaciones de Gran Canaria están deterioradas, pero con esta acción se les está arrebatando cualquier garantía jurídica porque pierden su abogado de oficio y llegan con una orden del juez pidiendo la deportación”, comenta Socorro.
Por ello, desde la plataforma Canarias Libre de CIE y en sintonía con las campañas estatales en Madrid, Barcelona o Valencia, abogan por cerrar los CIE y que se propongan alternativas que respeten los derechos humanos de las personas que se encuentran en una situación irregular.
“No nos podemos quedar en cerrar el CIE simplemente, tenemos que proponer alternativas, pero mientras existan hay una emergencia social, cuya responsabilidad compete al Ministerio del Interior, en el caso de Canarias a la Delegación del Gobierno. Si no están cumpliendo con sus obligaciones, las asociaciones vamos a estar allí cumpliendo esas necesidad en un primer momento, pero también denunciando esa situación”, afirma Sandwhani.
Alternativas
“La alternativa al CIE en el caso de Canarias podría ser el CEMI (Centro de Inmigraciones de CEAR) pero con titularidad pública. Una instancia que no sea carcelaria donde esas personas pasen un tiempo, acogiéndolas y garantizando sus derechos. Estamos hablando de un cambio total donde no hayan policías, sino funcionarios públicos, con trabajadores sociales, intérpretes, psicólogos, etc”, propone Socorro.
Rosell, por otro lado, aboga por acoger a las personas que llegan en situación irregular administrativa en pisos tutelados por ONG con el aval de instituciones cercanas, como comunidades autónomas o ayuntamientos.
En general, la plataforma se encuentra en un proceso “debate y diálogo” y quiere trasladarlo también a las administraciones públicas, comenta Sandwhani, pero en lo que todos coinciden es que tanto el cierre de los centros de internamiento de extranjeros como sus alternativas parten de la sociedad civil.
Acto en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Este miércoles la organización, con los portavoces Pablo Socorro y Jenny Sandwhani junto a Juan Carlos Lorenzo y Victoria Rosell, ha ofrecido una charla en una sala abarrotada por aproximadamente 150 alumnos de trabajo social en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, enmarcado en la las jornadas universitarias por la erradicación de la pobreza.
El objetivo de la charla ha sido explicar qué es un centro de internamiento de extranjeros y la situación que atraviesan las personas desde que llegan a las Islas hasta que son internados en Barranco Seco y Hoya Fría y las posibles alternativas a estos espacios.