CC reconoce que la gestión de la Televisión Canaria ha sido mala y que hay que mejorar los mecanismos de control

Coalición Canaria (CC) ha criticado este martes abiertamente la gestión realizada en Radiotelevisión Canaria entre 2011 y 2013, durante su gobierno con Paulino Rivero al frente y con Guillermo García como director general del ente, y ha confiado en que el proceso penal abierto “culmine como tiene que culminar”.

“Afortunadamente hay una instrucción penal que esperemos que culmine como tiene que culminar”, ha dicho el portavoz de CC, José Miguel Ruano, en la comisión parlamentaria en la que la Audiencia de Cuentas ha presentado el informe de fiscalización pedido por el Parlamento en 2014 un retraso que “está rematadamente mal”, según ha sido reconocido por el presidente del organismo, Pedro Pacheco.

El informe, han insistido todos los grupos parlamentarios, refleja numerosas irregularidades y su contenido ha sido remitido al juzgado como al Tribunal de Cuentas, ha explicado Pacheco, si bien la Audiencia de Cuentas no ha encontrado “ninguna responsabilidad de nadie”.

La diputada de CC Guadalupe González Taño se ha sumado a las duras calificaciones del resto de grupos sobre esa etapa de RTVC.

“Compartimos las cosas que se han dicho. Ya desde el principio de la legislatura dijimos que había que mejorar los mecanismos de control porque no se cumplieron los mínimos en la gestión. Ahora está bajo la óptica penal y serán los tribunales los que determinen si hay responsabilidades y cuál es el alcance. Esperamos que esa etapa quede atrás cuanto antes y que bajo ningún concepto se vuelva a repetir”, dijo la diputada de CC, quien se comprometió a mejorar los mecanismos de control en la nueva normativa.

Pacheco justificó en parte la tardanza en tener listo el informe de fiscalización, cuatro años y tres meses, así como la “poca calidad” del mismo, denunciada por algunos grupos, por las dificultades para recabar del ente público la documentación y la información requerida, así como por la diversidad de contratos y legislaciones aplicadas en la actividad.

Entre las irregularidades encontradas, citó la falta de comprobación de requisitos técnicos en las ofertas de contratación, ampliación de contratos prescindiendo de los requisitos legales, contratación de servicios en procesos negociados sin haber negociación, falta de libre concurrencia, pago de prestaciones antes de haberlas recibido, falta de acreditación de la necesidad de contratos, ausencia de procedimientos de licitación, inclusión de adendas que en realidad son nuevos contratos o pago sin comprobaciones de calidad.

Tampoco se pedía a las empresas contratantes estar al corriente de sus obligaciones tributarias ni con la seguridad social, no había convenios colectivos para los trabajadores que prestaban sus servicios en la radio y televisión públicas y no se aprobaron ni depositaron en el registro mercantil las cuentas anuales.

Iñaki Álvaro Lavandera, diputado del PSOE, fue especialmente duro durante su intervención contra Coalición Canaria, recordando al partido que gobernaba entonces y en la actualidad que se usaron de forma indebida fondos públicos, con pagos de alquileres por encima del precio de mercado, compras de programas que no se emiten o el patrocinio a Radioclub Tenerife, la empresa de la que procedían tanto Guillermo García como su sucesor, Santiago Negrín, “y no sabemos si será la empresa futura del actual administrador”, en referencia a José Carlos Naranjo Sintes.

Tras finalizar su intervención y cuando le llegó el turno a Coalición Canaria, el portavoz del Grupo Nacionalista Canaria pidió el turno de palabra para que Lavandera retirara “las referencias que ha hecho al administrador único actual que obtuvo la conformidad de esta Cámara y está en un periodo distinto” y recordó que durante esa época Paulino Rivero gobernaba con un pacto con los socialistas.

El diputado del PSOE no dudó en retractarse reconociendo que “son periodos distintos”, pero añadiendo que en la actualidad se dan “comportamientos similares”.

Asimismo y durante su intervención, Lavandera denunció la “lentitud extrema” de la Audiencia de Cuentas, la mala calidad del informe “que no deja de ser un relato repetitivo para intentar dar una apariencia de exhaustividad, sin capacidad de síntesis, que dice siempre lo mismo: no consta” y la escasa contundencia ante tanto incumplimiento. Sí hizo hincapié en una parte del informe en el que se reflejan contratos cuya única finalidad es mejorar la imagen de la Televisión Canaria, pero aconsejó que “para esto lo que debería hacer CC es soltar los mandos y no habría que gastar ni un duro”.

También la diputada de Nueva Canarias Esther González denunció que en RTVC “parece que nada ha cambiado” en esta última etapa en cuanto a la opacidad y el obstruccionismo ante la labor de control que tiene que ejercer el Parlamento, recordando las palabras de Santiago Negrín cuando dijo que “no había hecho nada que su antecesor no hubiese hecho”.

Al igual que el representante del PSOE, Esther González consideró que el informe de la Audiencia de Cuentas es “muy decepcionante y de escasa calidad”, si bien reconoció que Pedro Pacheco “se lo encontró hecho”.

El informe evidencia “una gestión desastrosa e ineficiente”, con el ente “contratando a quien quiere, al precio que quiere, sin premisas de ningún tipo, sin informes jurídicos, sin negociar contratos ni estándares de calidad”, unos malos hábitos que según la diputada de NC continuaron en la etapa de Santiago Negrín, periodo que pidió que también se fiscalizara.

Para José Tomás Estalella, del PP, el informe deja claro que RTVC era “un chiringuito” en el que se daba “dinero a amiguetes” mediante prácticas arbitrarias de contratación y nulo respeto a las normas, hasta el punto de que no hay prácticamente ni un solo contrato sin defectos. Aunque criticó la tardanza del informe, “por lo menos” ya tienen “la constatación de que las cosas se hacían rematadamente mal”.

La portavoz de Podemos, Noemí Santana, denunció el descrédito a que se ha llevado la radio y la televisión pública y el daño profesional que ha sufrido por unas prácticas completamente “escandalosas” desarrolladas sin control “ni interno ni externo”.

Jesús Ramos, de ASG, también denunció la tardanza del informe de la Audiencia de Cuentas, que no sirve sino para constatar el fracaso de una gestión, y subrayó que es preciso en la nueva legislación articular un órgano de control que impida el “poder absoluto” de ninguna persona.