El Gobierno de Canarias oculta el nombre de los medios informativos en los que se anuncia

El Gobierno de Canarias oculta sistemáticamente los nombres de los medios informativos en los que ha invertido los últimos años recursos públicos para campañas y acciones de publicidad institucional. Es lo que se desprende de las respuestas que ha dado a las preguntas planteadas a través del Portal de Transparencia, donde el Ejecutivo de Fernando Clavijo tiene por norma responder de manera genérica cuando se le hacen peticiones concretas. Si se aplicara su propia Ley de Transparencia, esta inversión publicitaria debería estar reflejada por propia iniciativa en el portal de transparencia del Ejecutivo, tal como señala el Artículo 24 en su apartado H. Pero no es así.

“¿Cuánto dinero de su presupuesto invierte esta consejería y todos sus organismos y empresas públicas en publicidad en los medios de comunicación canarios, nacionales e internacionales?; ¿en qué medios de comunicación se publicita? (radios, televisiones, revistas, prensa digital, prensa impresa...). Desglose de la inversión según medio de comunicación y según quién realiza el pago (es decir, si es la propia consejería o si es un organismo o empresa dependiente de ella) en todo el año 2016 y en lo que va de año 2017 (especificando los años)”. Esas fueron las preguntas registradas por este diario el pasado mes de septiembre a las distintas áreas del Ejecutivo en manos exclusivas de Coalición Canaria. Las respuestas han sido muy variadas o, como en el caso de Presidencia, ni tan siquiera ha habido respuesta. Con las contestaciones recibidas se pueden establecer dos categorías: preguntas respondidas de manera genérica y/o evasiva y respuestas en las que sí se da acceso a la información solicitada.

No se molestaron en contestar este requerimiento las consejerías de Hacienda, Sanidad, Obras Públicas y Presidencia, Justicia e Igualdad. Tampoco lo hizo Presidencia del Gobierno, en cuya Viceconsejería de Comunicación reside la coordinación de la publicidad de las distintas áreas del Gobierno hasta haber logrado convertirse en una macroagencia de publicidad. No en vano a su frente está un reputado publicista, José Luis Méndez, que se encargaba de esos detalles en la última empresa en la que trabajó, Toyota Canarias.

Los servicios centrales de otras consejerías, como Empleo, Políticas Sociales y Vivienda o Agricultura no contestaron a la petición de información. Sí entidades dependientes de estas como el Instituto Canario de la Vivienda, que comunicó que no ha invertido nada en publicidad estos dos últimos años, o el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, cuyos datos figuran más adelante.

En definitiva, el requerimiento de información formulado en septiembre solo ha sido contestado por Economía, Industria, Comercio y Conocimiento; Educación y Universidades; Turismo, Cultura y Deportes; y Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.

Entre las cuestiones respondidas de forma genérica hay que resaltar la dada por la entidad Promotur, que desglosa la información según el tipo de publicidad contratada en dos tablas, una por cada año solicitado, que son difícilmente comprensibles. Entre los ininteligibles datos, incluidos en archivos borrosos de imposible lectura, se puede intuir que en el año 2016 esa empresa pública dedicada a la promoción turística invirtió más de 1,2 millones de euros (la cifra más elevada) en el concepto denominado “Afinidad/Internet”, pero no concreta las empresas que se vieron beneficiadas por este desembolso de dinero público. También hay otros conceptos como “Radio/Publicidad”, “Prensa Papel/Publicidad” o “TV/Brand Content” con las ejecuciones presupuestarias de cada año sin especificar las empresas. Mientras, la Dirección General de Deportes y la Dirección General de Patrimonio Cultural indican que en 2017 gastaron, respectivamente, 9.630 euros y 856 euros en publicidad en radios de Canarias, pero no explican qué cadenas ni qué formatos (cuñas, publireportajes, etcétera).

Por su parte, Canarias Cultura en Red resume sus inversiones publicitarias según el tipo de medio de comunicación escogido y si este es canario (26.662,27 euros en global en 2016 y 32.015,62 en total en 2017), nacional (2.950 euros en 2016 y 1.899,61 euros en 2017) o internacional (6.139,59 euros en 2016 y 14.162,81 euros en 2017), pero tampoco informa sobre los nombres de las compañías que se llevan el dinero público. Es el mismo criterio empleado por el organismo público Hoteles Escuelas de Canarias (Hecansa), que gastó en 2016 2.131,15 euros en medios nacionales y 4.333,08 en internaciones, y en 2017 13.426,06 euros en medios canarios, 750 euros en nacionales y 9.278,67 en internacionales; o por el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria (43.517,25 euros en 2016 y 34.879,98 en 2017 en radios, revistas, gabinetes de comunicación y folletos y espacios publicitarios de Canarias).

También se mantiene la opacidad en la inversión publicitaria tramitada a través de agencias especializadas, generalmente contratadas tras procesos de contratación pública. En todas las respuestas se incluye el concepto de la campaña, la inversión realizada y el nombre de la agencia de publicidad adjudicataria, pero en ningún caso se desglosa el plan de medios, es decir, la distribución de esa inversión medio a medio. Por lo tanto, tampoco se conoce el criterio seguido por cada agencia para la elección de los medios informativos seleccionados para cada campaña.

Solo hay dos organismos que sí responden, en líneas generales, ofreciendo los datos solicitados pero que, sin embargo, no son todo los transparentes que exige la legislación vigente. Es el caso del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), que en 2016 invirtió más de 59.000 euros en una campaña de sensibilización y potenciación de consumo de productos agroalimentarios canarios, contratada a la agencia de comunicación de Víctor Manuel Gonzalo Duboy, propietario de BC Publicidad; 989,30 euros en cuñas promocionales de productos canarios de calidad diferenciada, facturados por Azul Infomedia SL; y 17.749,99 euros en una campaña promocional destinada a fomentar y potenciar el consumo de productos agroalimentarios de Canarias amparados por figuras de calidad diferenciada y que fue encargada a la agencia BC Exclusivas de Publicidad SL, de Víctor Manuel González Duboi. Aunque agregan un anexo en el que se relacionan los medios en las que se realizaron estas tres campañas, no se desglosa cuánto dinero facturó cada una de las empresas. Más opaca es la forma de actuar del Instituto Canario de Igualdad, que manifiesta que durante 2016 y 2017 no realizó ninguna campaña publicitaria pero que en 2015 sí que hizo dos, una encargada a la agencia Víctor Manuel Gonzalo Duboy por 1.476,60 euros y otra a Metrópolis Comunicación por 744,72 euros, ambas inserciones en prensa sin especificar los medios.

Mientras, las consejerías de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento; la de Educación y Universidades; y Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad sí cifran la inversión publicitaria según los medios de comunicación, aunque la dirigida por Nieves Lady Barreto tiene campañas contratadas a agencias de comunicación que después no concreta los medios que se embolsaron finalmente el dinero.

En la consejería de Pedro Ortega durante los años 2016 y 2017 destacan sobre todas las emisoras del Grupo PRISA, que se embolsaron 35.247,94 euros, y la Cadena Cope, que sumó 31.610,5 euros. En cuanto a las inversiones realizadas por el área de Educación se pueden ver en la tabla adjunta:

En la Consejería de Nieves Lady Barreto la empresa Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental gastó en 2016 en total 908,43 euros, de los cuales 266,43 euros fueron a parar al periódico La Opinión y 642 euros al Canarias 7. Al año siguiente esta partida fue mayor y ascendió hasta los 1.206,96 euros, para El Día  577,80 euros y para La Provincia 629,16 euros. Se trata, por lo general, de anuncios de información sobre planeamiento.

En la campaña para promover la Ley del Suelo, una de las acciones estrella del presidente Clavijo, el Ejecutivo canario gastó 26.214,41 euros, más de lo que comunicó en su día a Canarias Ahora. Este dinero se destinó a los anuncios en algunos medios digitales, a la agencia de Pedro Chacón León (7.704 euros sin concretar su destino), mientras que en las radios las empresas que se embolsaron los 19.000 euros restantes fueron para Difusora Popular del Atlántico (4.280 euros), la Cadena Ser (4.279,41 euros), Medios Audiovisuales y Publicitarios de Canarias (4.280,00 euros), y Torres Lodero, dueña de 7.7 Radio, que se embolsó 5.671 euros.

La Viceconsejería de Política Territorial invirtió en 2016 4.030,46 en prensa impresa, desglosándose así el total: 988,68 euros para la editora de Diario de Avisos, 2.067,24 euros para la editora de La Provincia y La Opinión de Tenerife, y 974,54 euros para la editora de Canarias7. Este año la inversión aumentó en el mismo concepto hasta los 13.488,42, de los cuales 4.121,64 fueron a parar a Diario de Avisos, 3.248,52 para La Provincia y La Opinión de Tenerife,  2.362,56 a Canarias 7  y 3.755,70 para El Día.

Por último la Dirección General de Seguridad y Emergencias gastó en este 2017 que está acabando 37.139,48 euros, 19.260 euros para la realización de banners en tres idiomas dentro de la Campaña de prevención en costas y playas, hecha por Click Comunicación, y 17.879,48 euros (el tope que obliga a concurso abierto está en 18.000) en cuñas radiofónicas y entrevistas dentro de la Campaña de comunicación en materia de seguridad en el litoral, dinero que fue gestionado por la agencia Arco Estrategia de Marketing, sin concretar en los dos casos a qué medios llegó estas partidas presupuestarias.

Gobierno y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, dos criterios distintos

La forma de actuar del Gobierno de Canarias no es nueva ya que también Miguel Prat, autor del blog Transparencia en Canarias, realizó una petición en abril de este año en la que solicitaba “el gasto de todas las consejerías en medios de comunicación desde que empezó el actual mandato” y especificó que “dicho coste vendrá desglosado por cada inclusión en los medios y la motivación de la publicidad” y que “la información vendrá en un formato que sea fácilmente tratable”. Pues bien, el Ejecutivo desglosó las inversiones según las áreas y según las campañas, pero a la hora de hablar del medio de comunicación solo señaló si se trataba de una radio, una televisión, prensa digital o prensa impresa, sin definir la inclusión que correspondió a cada medio, tal como se puede ver en el siguiente extracto:

Ante esta respuesta, Prat decidió acudir al Comisionado de Transparencia de Canarias, órgano dirigido por el periodista Daniel Cerdán y ante el que se pueden amparar los ciudadanos en caso de que la respuesta del Portal de Transparencia no les satisfaga. Cerdán desestimó la petición del autor del blog al entender que el Ejecutivo autonómico ha realizado un “cumplimiento literal” de la solicitud, pero a su vez requiere al Gobierno para que cumpla “plenamente con las obligaciones de publicidad activa de la LTAIP [Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública]” y por tanto, aplique las obligaciones de la ley en su artículo 24, que recoge que se deberán publicar “los gastos realizados en campañas de publicidad o comunicación institucional, los contratos celebrados incluyendo la información a que se refiere el artículo 28 de esta ley, así como los planes de medios correspondientes en el caso de las campañas publicitarias”. El artículo 28 se refiere a la información de los contratos, que incluye también a los contratos menores.

La desestimación de Cerdán choca con la estimación dada en agosto de este mismo año al mismo usuario ante el reparo por la misma pregunta pero dirigida al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En esa ocasión el comisionado instaba al Consistorio capitalino a realizar la entrega al reclamante de la documentación solicitada “en el plazo de diez días hábiles, remitiendo la misma información y la acreditación de la entrega al reclamante al Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública”. Esta administración respondió en este mes de diciembre, por lo que se saltó el requerimiento de los diez días hábiles. El objetivo de la resolución era asegurar que las instituciones sean neutras y no solo inviertan en publicitarse en los medios de comunicación que defienda una línea editorial acorde a sus mismos intereses.