Los grupos del Parlamento se dan 48 horas para nombrar un administrador único de consenso para RTVC
Los seis grupos del Parlamento de Canarias han anunciado este martes que se han dado un plazo de 48 horas para tratar de nombrar a un administrador único de consenso para la Radio Televisión Canaria (RTVC) y avanzar así en poner solución a la crisis en la que se encuentra el ente público tras la polémica por la gestión de Santiago Negrín como presidente del Consejo Rector y su posterior dimisión. Una situación que dejó a la televisión con una serie de escollos que resolver, entre ellos la posibilidad de que se vaya a negro el próximo 30 de junio.
Se trata de un anuncio que llega después de que Coalición Canaria reconociera que pretende nombrar a José Carlos Naranjo Sintes, una opción que no contenta a los grupos de la oposición. Si desde este martes al próximo jueves no logran un acuerdo se han comprometido a no bloquear su nombramiento, aunque tampoco tienen por qué votarle. Para que salga elegido, debe contar con más votos a favor que en contra.
El nuevo administrador estará en el cargo por un período de seis meses y será la Comisión de Control del Parlamento de Canarias quien tendrá la potestad para revocar a esta persona que sea nombrada si no cumple con las exigencias.
La candidata consensuada por la oposición es Candelaria Delgado, actual directora de Comunicación y Marketing de RTVC y que también ha ocupado el cargo de jefa de Gabinete del ente público. Cuenta con una amplia trayectoria profesional; ha sido desde jefa de prensa de la Fundación Teatro Pérez Galdós hasta ocupar cargos de comunicación en el Cabildo de Gran Canaria o en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Para que este nombramiento sea posible, este miércoles se debatirá en el pleno la nueva Ley de RTVC, que pretende principalmente evitar que el ente público se vaya a negro el próximo 30 de junio. “La ley no pretende definir el modelo, sino resolver un problema de extrema gravedad”, ha recordado el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez.
A lo largo de la tarde de este martes, los grupos han elaborado un texto que será la base del debate sobre este asunto en el Parlamento. Ese texto normativo propone la regulación del nombramiento de ese administrador único.
El próximo jueves el Gobierno de Canarias propondrá a la persona que considera idónea para este cargo si no hay consenso y el viernes se votará en la Comisión de Control del Parlamento de Canarias. La idea es que pueda empezar a trabajar ya la próxima semana.
Durante la rueda de prensa en la que se ha anunciado esta última decisión de los grupos, José Miguel Ruano (del grupo nacionalista) ha subrayado que Román Rodríguez ha puesto reticencias. No obstante, el presidente de NC ha insistido en que era necesario no hablar del pasado en esta reunión para poder avanzar.
Negrín deja al ente público sumido en el caos
Esta ley de emergencia para la RTVC se acordó tras la dimisión del expresidente del Consejo Rector, Santiago Negrín, que aseguró que se marchaba de su cargo “la presión mediática, la controversia judicial y a la política partidista”. Los grupos ratificaron una Proposición no de Ley a fin de nombrar un administrador único, excepto Nueva Canarias, cuyo presidente aseguró después que su grupo no había sido invitado a esa reunión.
Días más tarde, tanto Román Rodríguez como Juan Márquez (Podemos) resaltaron la importancia de que esta figura fuera nombrada por consenso y anunciaron que los grupos estaban trabajando en ello. Sin embargo, Coalición Canaria movió ficha anunciando esta semana su candidato, José Carlos Naranjo Sintes, que fue colocado por este partido hace dos décadas en la Audiencia de Cuentas.
Precisamente, José Carlos Naranjo Sintes ha retrasado durante cuatro años un informe de fiscalización del ente público que fue encargado por el Parlamento en marzo de 2014.
El propio José Miguel Ruano reconocía este martes que el administrador tiene una ardua tarea por delante ya que tiene que hacer contactos con la empresa que suministra hoy los servicios informativos del ente público, va a tener que valorar la situación jurídica que es “compleja” y a su vez va a tener que ver las potencialidades que el propio ente y sus sociedades tienen para asumir la necesidad del servicio.
