Alegan la alta tasa de desempleo y precariedad laboral en las islas
Los empleados “sobreexplotados” no denuncian “por miedo a represalias”
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 29 (EUROPA PRESS)
Abogados laboralistas de Las Palmas de Gran Canaria han reclamado hoy la creación de una Fiscalía especializada para “la persecución de los atropellos que se multiplican contra los derechos fundamentales de los trabajadores: tratos vejatorios, humillaciones, jornadas extenuantes, contratación fraudulenta, impagos de salarios y despidos ilegales”, entre otras situaciones.
Así lo informó a Europa Press uno de los letrados, Alejando Pérez Peñate, tras entregar un escrito en las dependencias del Ministerio Público en la capital grancanaria, dirigido al fiscal superior de las islas, Vicente Garrido, en cumplimiento de la Carta Obrera, un documento elaborado por medio centenar de abogados laboralistas y suscrito por representantes de los trabajadores de más de doscientas empresas, donde expresan reivindicaciones “mínimas, urgentes y necesarias” de los asalariados.
De este modo, los letrados han ejercido su “derecho de petición”, al solicitar que se inicien los trámites legales o reglamentarios para la creación en esa Fiscalía de una Sección Social y de Siniestralidad Laboral.
“NUEVAS FORMAS DE ESCLAVITUD”
Entre dichas exigencias plantean, por tanto, la creación de una Fiscalía que se dedique a abordar los “aberrantes abusos de toda naturaleza que configuran nuevas formas de esclavitud y que, como tales merecen sus autores ser clasificados como delincuentes y en consecuencia ser perseguidos penalmente”, apostilló Pérez.
En este sentido, incidió en la “singularidad” de la situación de los trabajadores en Canarias en esta “grave crisis económica”, con un desempleo con más del 27 por ciento (8 puntos por encima de la media nacional), alta tasa de precariedad laboral, salarios por debajo de la media nacional e incremento de la morosidad, por lo que ve “necesario” la creación y dotación de una Sección especializada.
De este modo, insiste en que, ante esta situación, los trabajadores son “víctimas de abusos de todo tipo contra sus derechos en el ámbito laboral por parte de quienes dependen y con más poder en el ámbito de la empresa o de la administración”. “Produciéndose ello de forma reiterada y con mucha frecuencia en esta Comunidad Autónoma”, añade.
Pérez recordó que “ya existe una Fiscalía para la protección de derechos de la mujer o para delitos de tráfico”, al tiempo que considera “ilógico” que no exista ningún tipo de organismo del Ministerio Fiscal que “se encargue de perseguir” los “abusos” contra los trabajadores, a pesar de que “es en el puesto de trabajo donde más se ven conculcados los derechos y donde más tiempo pasan las personas”.
AUMENTAN LOS “ABUSOS BAJO EL PARAPETO DE LA CRISIS”
“Estos abusos de los trabajadores han aumentado bajo el parapeto de la crisis, con la modificación de las condiciones de los trabajadores de manera aberrante”, subrayó el abogado.
Aludió también a “casos en los que empresas que no están en situación crítica presentan cuentan falsas para poder despedir a trabajadores” y, por consiguiente, promover “la sobreexplotación de los trabajadores que están en su puesto de trabajo”.
Igualmente, afirmó que “no se están pagando los salarios o los pluses de horas extras y nocturnidad”. Ante todo ello, reconoció que los empleados “no denuncian por miedo a represalias”.
Si bien recordó que dicha Fiscalía especializada no existe en España, reclamó su necesidad en la provincia de Las Palmas como “precedente”. No en vano, el escrito presentado hoy ante el Ministerio Publico --firmado por Pérez Peñate, Joaquín Sagaseta, José Manuel Rivero, Miguel Ángel Redondo, Amelia Serrano y Diego León y respaldado por medio centenar de abogados-- busca el apoyo de abogados de las islas y de otras comunidades autónomas.
PROTECCIÓN FRENTE A “ACOSADORES” Y “DÉSPOTAS”
Los promotores de la iniciativa estiman que “la posibilidad de la creación de esa Fiscalía especializada es real y su logro representaría una conquista trascendental para reforzar la protección de los trabajadores frente a acosadores y déspotas que se promocionan y enriquecen a costa de pisotear los más primarios derechos que merece el respeto a la dignidad de los asalariados”.
De ahí su petición en el marco de “la defensa de los derechos inalienables de los trabajadores y en la persecución de sus violadores”, concluyen.