El adelanto electoral del 28 de abril pone fin a una legislatura de menos de 1.000 días y desactiva un amplio abanico de medidas legislativas, entre ellas 31 proyectos de ley y una lista sin precedentes de hasta 43 comisiones parlamentarias, entre ellas la dedicada al accidente del vuelo de Spanair a Gran Canaria.
Los más de ochos meses de Gobierno de Pedro Sánchez, aunque han permitido aprobar 25 decretos, no han evitado la sensación de que se ha quedado mucho trabajo por hacer.
En el Congreso, en estos momentos, hay 19 proyectos para su tramitación por el procedimiento de urgencia que, no obstante, siguen estancados por la ampliación del plazo de enmiendas, decisión que casi semanalmente adopta la Mesa de la Cámara. Sánchez, en su declaración, ha criticado este “bloqueo” de PP y de Cs, que son mayoría en el órgano de gobierno de la Cámara.
Entre esos 19 proyectos están los de memoria histórica, seguridad en las redes, del impuesto a servicios digitales, las retribuciones de los empleados públicos, las ayudas a la creación artística y cinematográfica o la revalorización de las pensiones.
La prórroga del plazo de enmiendas afecta también a una treintena de proposiciones de ley, las que presentan los grupos parlamentarios, y cabe recordar algunas como la reforma de la ley de educación o la del Estatuto de los Trabajadores, sin olvidar la regulación de las prácticas universitarias externas.
Con todo, son en total 270 las proposiciones de ley que estaban listas para su tramitación pero que ahora, con el adelanto electoral, decaen.
Aquí figuran la derogación del voto rogado de los españoles que residen en el exterior, la derogación de la llamada “ley mordaza”, la modificación de preceptos puntuales de la reforma laboral que instauró el PP, el cambio en el Código Penal para endurecer el castigo por agresiones sexuales, la reversión de la vigente ley educativa o el impulso del Pacto de Estado contra la violencia machista... Todo esto tendrá que esperar un tiempo más propicio.
Al igual que las reformas en la ley de justicia universal y en la ley de tráfico, o sobre la despenalización de las injurias a la Corona y de delitos contra sentimientos religiosos; la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de rebeldía o la reforma del Código Penal (otra) para castigar con hasta cinco años de cárcel la convocatoria de consultas ilegales.
Esta última es una cuestión que se debatirá la semana que viene para su toma en consideración, pero con el adelanto electoral no parece probable que se apruebe.
Decaen también la propuesta para la supresión de los aforamientos, lo que exige retocar la Constitución, y dos propuestas para actualizar el reglamento del Congreso; una de ellas precisamente alude a la aplicación de los plazos de ampliación de enmiendas.
El próximo 5 de marzo se disolverán las Cortes para que comiencen a contar los 54 días que la Ley Electoral establece antes del día de la votación, y será entonces cuando se ponga en marcha en el Congreso el mecanismo previsto para tales periodos. La Diputación Permanente será el órgano que asuma los poderes de la Cámara.
Este tiempo trastoca la rutina del Congreso y del Senado. Un efecto inicial se genera en el calendario, pues antes de la disolución cabrán en la agenda de los diputados y senadores dos sesiones plenarias, las de las dos semanas que quedan de febrero.
Un efecto secundario se obra en el listado de las comisiones parlamentarias. Hay todavía 43 comisiones, una cifra sin parangón en la historia, que se acabarán en pocas semanas, al igual que dos subcomisiones sobre la reforma electoral y la del régimen de autónomos.
Se interrumpirán, de este modo, las tres comisiones de investigación operativas ahora: la del accidente del Alvia en Santiago, la del vuelo de Spanair y la de la presunta financiación ilegal del PP, cuyo dictamen, ya en proceso, quizá no vea la luz.
Otros órganos tendrán que acelerar sin freno para acabar su tarea, como las ponencias de ciberseguridad, la de estudio del “brexit” o la que analiza cómo tiene que ser el modelo policial del siglo XXI. No se escapa de la paralización el proceso de renovación de RTVE.
Esta legislatura de menos de 1.000 días, la cuarta más corta de la democracia, deja un balance en el que destaca el recurso al real decreto, pues han llegado a la Cámara Baja 58 en total, de los que 52 han sido convalidados.
Hasta 47 proyectos de ley se han tramitado, así como cinco propuestas de reforma de estatutos de autonomías, de los que solo uno ha salido adelante de momento, el de Canarias. Catorce proposiciones de ley procedieron del Senado y una se aprobó (sobre participación de personas con discapacidad en jurados), en tanto que 321 proposiciones de ley de los grupos iniciaron la circulación parlamentaria, pero tan solo 11 salieron aprobadas.
A estas hay que sumar las tres proposiciones de las comunidades autónomas ratificadas por mayoría parlamentaria. Unas 45.100 preguntas se han dirigido al Gobierno para que responda por escrito y 916 para que lo haga en el pleno.