Adiós a la bandera de 360.000 euros izada por el exministro Soria bajo la consigna “se la van a tener que tragar”

“Hasta los que no la quieren se la van a tener que tragar”. 30 de septiembre de 2006, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, a la sazón José Manuel Soria López, vivía uno de sus momentos de mayor gloria política, aun estando al borde de perder la mayoría absoluta en la Corporación después de sucesivas legislaturas barriendo en su feudo electoral.

Necesitaba aglutinar alrededor de su figura signos identitarios que le permitieran reforzar su imagen pública, así que decidió que una bandera de gigantescas proporciones, similar a la española que ondea en la plaza de Colón de Madrid, fuera ese símbolo. Por un precio de 360.000 euros contrató la colocación de un mástil de 50 metros que soportara una bandera de 300 metros cuadrados en la plaza del Fuero de Gran Canaria, más conocida por los palmenses como de la Fuente Luminosa. Trece años después, el mástil va a ser desmontado y troceado para ser vendido como chatarra.

En el Cabildo de Gran Canaria no aciertan a la hora de concretar el coste total que ha supuesto esa excentricidad de Soria durante estos trece años. Porque al precio de su colocación, el del mástil y los juegos de banderas contratados (una de Gran Canaria, otra de España y otra de la Unión Europea) habría que añadir los costes de mantenimiento del conjunto: pintura y protección del mástil, buen funcionamiento del motor y lavado y reposición de las enseñas. Si en un primer momento se informó de que el coste anual iba a ser de 30.000 euros, el actual grupo de gobierno (Nueva Canarias, PSOE y Unidas Podemos) ha cifrado ese importe en más de 47.300 euros al año.

Así las cosas, la idea de Soria de hacer ondear una bandera en plena Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, a la vista de los ocupantes de los más de 150.000 vehículos que la transitan a diario, superaría con creces los 700.000 euros de coste estos trece años, incluyendo su inversión inicial.

Un precio que dista bastante del que pagó el Ayuntamiento de Sevilla el pasado agosto por una instalación similar, 197.000 euros, por un mástil de 41 metros y una bandera de 150 metros cuadrados instalados en la rotonda de la confluencia de la Avenida de Andalucía con la Ronda del Tamarguillo. El temporal de viento del pasado 23 de noviembre causó a la bandera española que ondeaba sobre ese mástil severos desperfectos.

Más grave fue el primer incidente que sufrió la bandera de Gran Canaria que José Manuel Soria hizo izar en la plaza de la Fuente Luminosa, porque a las pocas semanas cayó de madrugada sobre las vías colindantes sin provocar daños ni víctimas dado el poco tráfico que circulaba en aquellos momentos.

Pero los servicios técnicos del Cabildo de Gran Canaria sostienen ahora que o se le aplica al mástil y a las banderas una severa política de mantenimiento, que se cifra en 47.385 euros al año, o se convertirán en una fuente de riesgo para la ciudadanía y los bienes públicos y privados de su alrededor.

Para retirar el mástil será necesario invertir más de 12.000 euros en una operación que ya ha sido adjudicada formalmente.

“Se la van a tener que tragar”

Unas 1.000 personas arroparon a José Manuel Soria aquel 30 de septiembre de 2006 en la puesta en funcionamiento del mástil y el primer izado de la bandera en la plaza del Fuero de Gran Canaria. Fue un acto con todos los aditamentos protocolarios y las solemnidades propias de quien gustaba mucho del boato: la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria interpretó la pieza Sombra del Nublo, a modo de himno de la isla, al tiempo que las autoridades del Partido Popular ocupaban marcialmente una pequeña tarima en posición de saludo respetuoso a la bandera mientras comenzaba a ondear.

La oposición en el Cabildo no acudió en señal de desagrado por la egocéntrica decisión del presidente, lo que motivó que Soria llamara a sus miembros “cobardes”. Desprecio que también dirigió a las 150 personas que se manifestaron en la zona para protestar por aquellos fastos portando banderas canarias con siete estrellas verdes (inicialmente la que utilizaron los primeros movimientos independentistas) y vociferando contra el presidente del Cabildo. “Hasta los que no la quieran se la van a tener que tragar”, les dedicó en sus declaraciones a la prensa, por aquel entonces entregada mayoritariamente al líder del Partido Popular en las islas.

El mandato de José Manuel Soria al frente del Cabildo de Gran Canaria (2003-2007) ya prometía desde que, en los primeros momentos, ordenó reformar el salón de plenos de la Casa Palacio Insular para colocarse seis escalones por encima de los demás consejeros y consejeras de la Corporación, 29 en total, lo que a su vez lo alejaba todavía más del público que deseara acudir a esas sesiones porque prácticamente quedaba fuera y obligado a sentarse en el gallinero.

Durante las obras, los plenos corporativos se celebraron en el auditorio Alfredo Klaus, donde Soria ejerció en muchas ocasiones de protagonista dramático, paseando amenazante por el escenario bordeando las sillas y las mesas de los consejeros de la oposición a los que miraba con desprecio y expulsaba de los plenos con singular ligereza. Fueron cuatro años verdaderamente movidos en los que, entre otras decisiones muy contestadas, vendió al capital privado el Servicio Insular de Abastecimiento de Leche (Sialsa), la central lechera de la isla con la que se protegía al sector ganadero, alegando que “el Cabildo no está para vender yogures”. Los compradores liquidaron pocos años después la empresa mediante concurso de acreedores, quedándose para sus empresas matrices la cuota de mercado correspondiente, hasta entonces copada por la popular leche Sandra que producía Sialsa.

Tras su paso por el Cabildo de Gran Canaria, del que fue desalojado después de las elecciones de 2007 gracias a un pacto entre el PSOE y Nueva Canarias, Soria pasó a la vicepresidencia del Gobierno regional en una más de las renovaciones de las alianzas entre el PP y Coalición Canaria. Sus relaciones con el presidente, Paulino Rivero, acabaron muy deterioradas después de que le fueran apartadas sus competencias al descubrirse que con determinadas decisiones irregulares favorecía a un empresario al que pretendió otorgar una indemnización de 102 millones de euros por unos derechos mineros que solo le reconocía él y que acabaron tumbados por el Tribunal Supremo.

Ya como ministro de Industria y con un pacto en Canarias entre CC y el PSOE, Soria profundizó en sus desavenencias con el Gobierno regional hasta alcanzar el nivel de ruptura cuando impuso a favor de Repsol unas fracasadas prospecciones petrolíferas en las costas de Lanzarote que rechazaban las instituciones y gran parte de los movimientos sociales organizados.