El consejo de administración de la compañía del agua de Las Palmas de Gran Canaria, Emalsa, ratificó este jueves por la tarde la adjudicación directa del mantenimiento del alcantarillado de Las Palmas de Gran Canaria a los socios privados de la entidad, Sacyr y Saur, a través de la empresa de su propiedad, Sercanarias. Esta decisión contó con los votos favorables de los afectados y la abstención de los representantes de los trabajadores.
En virtud de este acuerdo, la empresa concesionaria Sercanarias, formada por Saur y Sacyr, miembros a su vez del consejo con el 66% de las acciones, serán los responsables del mantenimiento de esta infraestructura capitalina. Este contrato supone, para las arcas de la empresa concesionaria, el ingreso de una partida presupuestaria que ronda los 4,5 millones de euros anuales.
Jerónimo Saavedra, alcalde de la ciudad, manifestó este viernes ante los medios de comunicación que el Ayuntamiento “se quedó en minoría” en dicha reunión para aprobar la propuesta de convocatoria de un concurso público que resolviera el mantenimiento del alcantarillado.
Esta adjudicación confirma las sospechas del único partido de la oposición en el Ayuntamiento. La portavoz del grupo municipal del PP, Pepa Luzardo, había acusado a Saavedra en marzo pasado de propiciar la adjudicación “a dedo” del mantenimiento de las alcantarillas, si bien este servicio había estado en manos durante una década entera del grupo Dragados merced a prórrogas continuadas que, según los socialistas, eran ilegales.
El 31 de diciembre, el Ayuntamiento resolvió el contrato de Dragados, y Emalsa se hizo cargo del mismo, que entregó provisioalmente a Sercanarias hasta tomar una decisión posterior. Luzardo insistió en que había sido “a dedo” a los socios de la compañía y el gobierno local contestó que, al contrario, esto propiciaría la convocatoria de un concurso público para una nueva adjudicación con arreglo a la legalidad.
Sin embargo, esa tesis se desmoronó apenas un mes después, cuando el Ayuntamiento reconoció que no podía tomar una sola decisión sobre ese contrato -sí con respecto a las condiciones, pero nunca acerca de su posible adjudicatario-, al constatar que la contratación la decidiría el consejo Emalsa, donde el Ayuntamiento apenas tiene un 34 por ciento de las acciones.