El abogado y representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC), José Luis Langa González, pide que Canarias asuma las competencias en Costas para así “evitar las violaciones de derechos humanos indiscriminadas que se están llevando a cabo con la población canaria”.
El letrado ha hecho estas declaraciones este miércoles en rueda de prensa a tenor de la reciente petición en el Parlamento de Canarias del diputado Ignacio González (CCN) quien presentó en agosto una proposición no de ley para que Canarias adquiera las competencias sobre Costas, una iniciativa que lleva años demandando la AEPLC pues la aplicación de la Ley de Costas en Canarias podría afectar a más de 160.000 personas, según las estimaciones de la asociación.
Sin embargo, esta cifra no deja de ser una estimación sobre la realidad del Archipiélago, según indica Langa, por lo que se ha dirigido al Diputado del Común para que éste a su vez lleve su petición al Defensor del Pueblo, para “quejarme y pedir que desde la Dirección de Costas nos den los datos reales de los desalojos realizados y sobre todo de los que tienen previsto realizar, pues en estos momentos los ciudadanos de Canarias no saben si están afectados o no ni que derechos tienen”, matizó el letrado.
José Luis Langa asegura que la aplicación de la Ley de Costas de forma retroactiva es “abusiva” e “indiscriminada”, que muy lejos de proteger el medio ambiente lo que está es generando inseguridad jurídica en tanto que “despoja a los ciudadanos de los derechos protegidos en las normas internacionales” denunciadas ya ante el Parlamento Europeo.
Para el letrado esta ley española viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea; el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y la Constitución Española por la vulneración del derecho de propiedad.
Casos concretos
Langa hizo alusión también a los últimos casos afectados por la Ley de Costas, tales como Santa Lucía en Güimar; Los Roques en Fasnia (Tenerife) y Ojos de Garza en Telde (Gran Canaria), para indicar que la situación sigue agravándose, pues todos los afectados de estas zonas se sienten desprotegidos y agregó que “cualquier ciudadano que lo desee puede ponerse en contacto con la Asociación pues nosotros le informaremos de su situación y de sus derechos”.
El representante de la AEPLC también recordó que el 6 de octubre próximo se reunirán en Bruselas la Comisión de Derechos Humanos; la Comisión de Peticiones y la Comisión Europea para debatir sobre la Ley de Costas española que “inculca y viola derechos fundamentales recogidos en la Constitución nacional y europea y espero que de esta reunión salga una directiva que obligue a España a no aplicar este ley con carácter retroactivo”.
Finalmente, el abogado volvió a recordar que este es “un problema de todos los canarios, pues la retroactividad de la Ley de Costas ataca a la cultura y al patrimonio de las Islas”.