La oposición denuncia la supresión de la partida para la oficina contra la violencia de género

El consejero de Presidencia del Gobierno canario, Aarón Afonso (PSOE), ha afirmado este jueves que las cuentas que gestionará su departamento en 2017 promueven la gestión social en materias sensibles y estratégicas como Justicia, Igualdad y Juventud, al tiempo que apuesta de forma decidida por la futura “Estrategia canaria de gobierno abierto”.

Este es uno de los objetivos claves que se ha fijado la Consejería para el próximo año, ha señalado Aarón Afonso en la comisión parlamentaria a la que ha expuesto los presupuestos de su departamento para 2017, que ascienden a 224 millones de euros (11,5 millones más que en 2016), lo que supone un aumento del 5,4%.

Afonso ha insistido en el esfuerzo llevado a cabo desde su Consejería para hacer coincidir los recursos disponibles con la agenda de gestión trazada para 2017, en sintonía con las demandas ciudadanas y que explican la asignación de mayores recursos para asegurar una mejor prestación de los servicios públicos en general, y de la Justicia en particular.

Al respecto, ha remarcado de forma expresa el impulso que dan las cuentas a la elaboración de la “Estrategia canaria de gobierno abierto”, lo que conlleva actuaciones para modernizar la Administración, innovar y mejorar los servicios públicos e impulsar la transparencia y la participación ciudadana, entre otras.

El consejero ha destacado que los próximos presupuestos refuerzan su “incuestionable compromiso” de lucha contra la lacra de la violencia machista, así como el de impulsar que en Canarias se consiga cuanto antes la igualdad real entre mujeres y hombres, además de potenciar las políticas dirigidas a la juventud.

Sin embargo, las diputadas de Nueva Canarias Esther González y de Podemos Concepción Monzón han recriminado al consejero la eliminación en 2017 de la partida presupuestaria de la Oficina para la Atención a las Víctimas de Violencia Machista.

Al respecto, Esther González ha asegurado que los presupuestos de este departamento del Ejecutivo de CC y PSOE para el próximo año son “irreales”, por lo que ha presumido la existencia de “serios problemas” para el mantenimiento de los servicios prestados desde esta área gubernamental.

Igual de crítica se ha mostrado con la “ridícula” partida de 160.000 euros para que los ayuntamientos mantengan los 20 juzgados de paz existentes y la consignación de 1,5 millones de euros para la construcción del edificio judicial.

Sobre este asunto, el consejero ha destacado que el Gobierno regional ha hecho todos los esfuerzos necesarios para los palacios de justicia de Santa Cruz de Tenerife y Puerto del Rosario, que aún no cuentan con los terrenos necesarios, y ha recordado que en octubre se aprobó el plan general de ordenación de la capital de Fuerteventura y hasta que no se publique, no se podrá formalizar un convenio con el Ministerio de Defensa para ceder el suelo necesario.

A partir de ese momento se habilitarán las partidas específicas para poder licitar los proyectos y empezar las obras a lo largo de esta legislatura, ha apuntado.

Emilio Moreno, del grupo popular, ha expresado su impresión de que con este presupuesto “poco se puede hacer”, mientras que su compañero Jorge Rodríguez ha echado en falta una actitud del Gobierno de Canarias garante del municipalismo, con un aumento de apenas un 3%.

No obstante, ha considerado Rodríguez que los presupuestos autonómicos han sido bien repartidos entre los socios del Gobierno “y esto les da un poco de oxígeno para continuar unos meses más” en el pacto.

Gustavo Matos, del PSOE, ha felicitado al consejero por destinar 100.000 euros para continuar aplicando la ley de la Memoria Histórica “porque aún quedan heridas por cerrar” y el portavoz socialista, Iñaki Lavandera, ha asegurado que en las partidas se percibe la modernización de la Justicia y la transparencia administrativa, lo que ha calificado como políticas socialistas progresistas.

Socorro Beato, del grupo nacionalista, ha dicho que con este presupuesto se establecen las bases para mejorar el modelo organizativo de la Justicia, la informatización, el equipamiento y las obras en edificios judiciales.

Beato, que confía en que se recuperen derechos sociales perdidos por la crisis, ha aseverado también que cuando se habla de justicia, igualdad y violencia machista las partidas parecen insuficientes pero el presupuesto, ha añadido, es realista, con un crecimiento moderado en los servicios esenciales y en el que se refleja la voluntad del Gobierno de mejorar la calidad de los servicios públicos.