PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 2 (EUROPA PRESS)
Un mariscador furtivo fue denunciado por agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura por marisqueo ilegal en época de veda tras ser localizado con 75 kilogramos de mejillones (Perna perna) el pasado jueves 29 de diciembre en la zona conocida como Punta de Los Gopares, al norte de la localidad de Los Molinos, en Puerto del Rosario.
Las dos parejas de agentes de la Agencia de Medio Ambiente del Cabildo responsables de la actuación localizaron a este mariscador ilegal, que resultó ser reincidente, en torno a las 11.00 horas mientras se encontraba mariscando junto a un acompañante, que huyó del lugar antes de poder ser identificado.
Así, según informa la Corporación insular en un comunicado, el mariscador trató de evitar su responsabilidad en los hechos simulando estar pescando de tierra al advertir la presencia de los agentes, pero la posterior localización de los dos sacos en los que se encontraba el marisco decomisado permitió llevar a cabo la denuncia.
Al respecto, la consejera de Medio Ambiente del Cabildo, Natalia Évora, felicitó a los agentes responsables de la actuación “por su compromiso en la lucha contra el marisqueo ilegal y demás infracciones medioambientales”.
“Gracias a la labor de la Agencia de Medio Ambiente, y también a la inestimable colaboración de otros cuerpos como la Guardia Civil y la Policía Local, es posible frenar la acción de quienes tratan de incumplir la legalidad, atentando de manera irresponsable contra los valores naturales de nuestra tierra”, dijo.
MARISQUEO ILEGAL EN ÉPOCA DE VEDA
El marisqueo ilegal en época de veda se encuentra tipificado en la Ley de Pesca de Canarias como sanción administrativa grave, que puede acarrear multas de entre 301 y 60.000 euros.
Asimismo, en el caso de atentar un infractor contra una especie en peligro de extinción, como sería el caso de la lapa majorera (Patella candei), los hechos estarían tipificados como infracción muy grave en la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, con sanciones establecidas entre los 200.000 y los 2 millones de euros.