El recibo del agua que pagan cada dos meses los chicharreros volverá a subir alrededor de dos euros el próximo año en caso de confirmarse los datos aún provisionales sobre el Índice de Precios al Consumo (IPC) interanual en Canarias correspondientes al mes de agosto.
Esta cifra está calculada sobre el gasto medio de una familia que se sitúa entorno a los 150 euros por ejercicio. En el mes que ahora acaba el indicador provisional se incrementó en un 1,5% en el ámbito nacional y también en Canarias, según las primeras estimaciones, lo que implica una nueva subida en las tarifas que los vecinos pagarán el próximo año.
La revisión anual de los precios del agua tomando como referencia el IPC interanual de agosto está recogida en una de las cláusulas del pliego de condiciones de la privatización de Emmasa llevada a cabo en 2006. Entonces la compañía que resultó adjudicataria, Sacyr-Vallehermoso, se encontró con un incremento del 3,5%.
El año siguiente fue del 2,2% y en 2008 la subida llegó al 5,5%, la mayor en la historia de Emmasa. En 2009, sin embargo, se produjo un hecho difícilmente repetible ya que el IPC bajó un 2% y ese recorte lo aplicó la empresa.
Durante 2011 la subida se situó en el entorno del 1%, en función de la inflación de 2010, en 2012 ya alcanzó el 2,9%, este ejercicio el alza se ha situado en un 2,7% y el próximo podrá ser como mínimo del 1,5%. Con todo ello el incremento que ha experimentado la tarifa desde que fue privatizada en 2006 se situaría cerca del 17,3%, unos 40 euros más al año.
Encarecimiento por déficit
Pero aparte de que el precio se regule a través del IPC interanual de agosto, lo cierto es que Sacyr también puede apelar a un déficit en las cuentas para que el incremento sea mayor. Y es que en el pliego se estipula que las tarifas deben garantizar tanto que el agua siga abasteciendo los domicilios de los santacruceros como que la empresa concesionaria no registre pérdidas de tal calado que ponga en riesgo la continuidad de su funcionamiento.
Desde Emmasa se ha optado siempre por hablar de actualizaciones en vez de incrementos del precio y señalan que las subidas encadenadas se deben a que está obligada a adquirir este recurso a pozos de propiedad privada. En la Península, por ejemplo, se abona la décima parte de los costes ya que el agua es pública.
Lo cierto es que cuando esta prestación estaba en manos municipales en muchos ejercicios el recibo llegó incluso a bajar y, además, la empresa presentaba siempre superávit. Por el contrario, desde que fue adjudicada a Sacyr-Vallehermoso, la compañía ha argumentado que sus cuentas son deficitarias.
El nuevo incremento se produce en medio de un fuerte debate para rescatar este servicio y volver a ponerlo en manos públicas o privatizarlo pero en mejores condiciones. Para ello, se está realizando una auditoría con el fin de determinar si la empresa ha incurrido en algún incumplimiento de bulto que implique la devolución al Ayuntamiento del servicio a coste cero y, entre ellos, figuran varias subcontrataciones, lo que va en contra del pliego de condiciones.
Además, hace un mes la Corporación local aprobó en pleno que la prestación siguiera en manos privadas en cumplimiento de la sentencia que anuló este procedimiento iniciado en 2005. La oposición, sin embargo, ha anunciado que recurrirá a los tribunales al considerar que de esta manera no se está ejecutando el fallo y que éste sólo puede pasar por la convocatoria de un nuevo concurso.
Los chicharreros, según los estudios que anualmente realiza la Federación de Consumidores en Acción (Facua), son los españoles que pagan las tarifas más elevadas por el consumo de agua de abasto. El cálculo del impacto que la subida tendrá en realidad en el bolsillo de los chicharreros es bastante complicado ya que depende del tipo de contadores, su calibre y el uso que realizan.
Además, se busca penalizar el aumento de los consumos y se bonifica a las familias numerosas y a los pensionistas.