Pocos se han quedado satisfechos con las explicaciones ofrecidas a CANARIAS AHORA por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y mucho menos la inmediata nota oficial de la Gerencia de Urbanismo del Consistorio presidido por Miguel Zerolo (CC), tras desvelar este periódico el lunes que parte de la obra del viario del barranco de Santos fue adjudicada de manera definitiva 45 minutos antes de la inauguración oficial, además con aparentes irregularidades y reparos por parte de la Intervención General aún no aclaradas por el grupo de gobierno de CC, PP y CCN.
La versión oficial de la Gerencia de que la adjudicación definitiva a FCC del Proyecto Complementario 1 de las fases 3 y 4 fue un mero “trámite administrativo”, un “visto bueno” presupuestario y no un “nuevo presupuesto”, no ha aclarado el fondo del caldero. Tanto, que el PSC-PSOE ya ha puesto a trabajar a sus servicios jurídicos, para aclarar un caso rocambolesco del que las fuentes consultadas por CANARIAS AHORA aseguran que sólo es la “punta del iceberg” de otro escándalo urbanístico en la capital tinerfeña, futuro PGOU mediante.
La Gerencia que preside la concejal de Urbanismo, Luz Reverón (CC), ha querido quitar hierro a una adjudicación definitiva de una obra ya terminada con la excusa de que FCC, única invitada por el procedimiento negociado sin publicidad, no corría riesgo de perder parte de una obra que había ganado por concurso público, al ser la única invitada y no haberse producido alegaciones a su adjudicación provisional. Y desde el PSC-PSOE se ha puesto el grito en el cielo: “¿Y si por hache o por be no se hubiera adjudicado al final esa obra a FCC? ¿Cómo es posible que se permita iniciar una obra sin la adjudicación definitiva?”, se pregunta la concejal socialista Mariam Franquet.
Lo cierto es que Ayuntamiento y Gerencia incurren en graves contradicciones. Han intentado justificar la adjudicación in extremis, con la obra ya ejecutada, sin demasiado éxito. Y niegan haber conculcado la Ley al otorgar un procedimiento negociado sin publicidad superior a los 200.000 euros permitidos -735.000 euros de este Proyecto Complementario 1- al tildar el caso de un “modificado de obra” que no sobrepasa el 20% del montante total de la adjudicación por concurso de las fases 3 y 4, que ascendió a 35 millones de euros.
Sin embargo, el testimonio que figura en la adjudicación provisional de la obra a FCC, por parte de la Gerencia el 31 de diciembre de 2009, no deja lugar a la duda, ni hace referencia alguna a “modificado de obra”. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico inciden en el hecho de que no se puede maquillar el caso con un “modificado” inexistente, ya que para concederlo, hubiera bastado un trámite sin recurrir al procedimiento negociado sin publicidad. Y a la adjudicación a dedo se recurrió tanto en diciembre como el lunes pasado, por más del triple de lo permitido en la Ley de Contratos del Sector Público.
Así figura en los papales oficiales. Los documentos de la Gerencia hacen referencia tanto a la adjudicación por 28.569, 60 euros de la redacción de un proyecto complementario a la mercantil Palerm & Tabares de Nava, a su vez redactores del futuro PGOU de la capital por lo que podrían incurrir en una clara incompatibilidad, como a la ejecución de las obras por parte de FCC por esos polémicos 735.000 euros, mediante invitación exclusiva sin que concurriera la publicidad para recibir otras ofertas.