La alcaldesa de Mogán compagina su cargo con una empresa a la que inyectó 120.000 euros en 2017

¿Se puede ostentar un cargo público al servicio de una administración y ser titular de acciones o desempeñar cargos en una empresa privada? La ley que regula las incompatibilidades en España lo prohíbe: no se puede cobrar un sueldo con dedicación exclusiva de la administración pública y tener en paralelo al menos un 10% de participaciones o puestos de responsabilidad en sociedades mercantiles. Y en esa incompatibilidad recogida en la Ley 53/1984 incurre la alcaldesa del municipio grancanario de Mogán, Onalia Bueno (Ciuca), en un caso más determinante que el de la concejala madrileña de Ciudadanos Begoña Villacís.

Onalia Bueno compagina desde 2015 su cargo y sueldo públicos de alcaldesa de uno de los principales municipios turísticos de Canarias con ser la propietaria del 100% de una sociedad de la que también es administradora única. Se trata de la mercantil Ernesto Fernández Morales SL, que además de tener un amplísimo objeto social que abarca prácticamente todas las actividades de un ayuntamiento como el de Mogán, tuvo una inyección de 120.000 euros en forma de ampliación de capital hace dos años. Bueno no ha querido responder a este periódico sobre el origen y destino de ese dinero, así como otras cuestiones relativas a este caso.

Efectivamente, según ha podido comprobar este diario en su declaración de bienes al inicio de su mandato en 2015, la alcaldesa de Mogán hace constar que posee el 100% de la sociedad Ernesto Fernández Morales SL, valores por importe de 97.500 euros en el Banco Santander, una licencia para construir un centro de ecoturismo y que está redactando un proyecto para la construcción de un hotel rural.

En esa declaración indica que estaba dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y como autónoma, pagando una cuota de 261, 84 euros, y señala que puede incurrir en una posible causa de incompatibilidad. Ella misma es consciente en ese escrito de que su actividad empresarial es incompatible con asumir el cargo de alcaldesa, tras haber pactado gobernar el municipio con el PSOE, pero a lo largo de este mandato no ha solicitado al pleno esa compatibilidad imposible.

La actividad empresarial de Onalia Bueno se ha mantenido activa durante todo este periodo, según ha podido comprobar este diario. La actual alcaldesa adquirió esa empresa justo después de su salida del PP a raíz de su implicación en el caso de corrupción Góndola, durante su gobierno junto al exalcalde Paco González (2003-2007). Según datos obrantes en el Registro Mercantil, el 14 de abril de 2008 se produce la renuncia de Ernesto Fernández Morales a la sociedad unipersonal que él mismo constituyó el 1 de marzo de 2004 con un capital social de 3.200 euros.

En ese acto ante un notario de Telde, esta persona de la que este diario no ha podido saber quién es, Ernesto Fernández Morales, renuncia, se amplía el objeto social de la sociedad, se cambia el domicilio a una vivienda de Salinetas, en Telde, que era propiedad de Onalia Bueno, se declara la unipersonalidad de la empresa y la pareja sentimental de la alcaldesa, Francisco Manuel Suárez Ramírez, se convierte en el nuevo administrador único y socio titular de todas las acciones.

Inmediatamente, en otro protocolo notarial, la pareja de Onalia Bueno declara que como consecuencia de la compraventa de acciones realizada ese mismo día ella pasa a ser la nueva socia única titular de la empresa. Sin que aparentemente conste que se haya producido una compraventa inicial entre su pareja y Fernández, ni que la certificación acredite el importe de la compraventa, la sociedad pasa a ser de la actual alcaldesa en exclusiva, manteniendo como administrador a su novio.

Seis años después, el 22 de septiembre de 2014, la junta general universal de esa sociedad acuerda modificar el domicilio social, que pasa de Telde a Veneguera, en la actual vivienda de la alcaldesa y su pareja, y también acepta la renuncia como administrador único de Francisco Manuel. Desde esa fecha Onalia Bueno es socia única de la sociedad y administradora de la misma con la obligación de estar dada de alta como autónoma. Y justo en esa misma fecha la empresa adquiere hasta nueve propiedades en el municipio, terrenos en diferentes lugares.

La actividad empresarial de Ernesto Fernández Morales SL sigue viva durante el mandato de Bueno hasta el punto de que ha presentado cuentas anuales y hace solo dos años, el 8 de marzo de 2017, ella como socia y administradora acuerda aumentar el capital social en 120.000 euros, por medio de 3.750 participaciones con un valor de 32 euros cada una. La certificación del Registro Mercantil acredita que se realizó “íntegramente mediante ingreso en efectivo en la caja social”. Esa ampliación supuso que la sociedad acumulase un capital social de 123.200 euros.

La misma certificación corrobora que como justificante de dicho desembolso se aporta documentación del Banco Santander expedida por esa misma entidad financiera el 8 de marzo de 2017, donde figura que el dinero fue ingresado en la cuenta que la sociedad tienen en el Santander. La ampliación de capital quedó registrada el 11 de abril de 2017 en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

O alcaldesa o empresaria

Fuentes jurídicas consultadas por este diario entienden que Onalia Bueno no solo incurre en incompatibilidad por ostentar un cargo público y ser a la vez titular de todas las acciones y administradora única de una empresa, sino que se encontraría en una situación de ilegalidad como personal al servicio de la administración dada su condición de alcaldesa. No debería estar cobrando su sueldo de alcaldesa si no ha renunciado a su condición de propietaria de una mercantil, que además tiene un amplio objeto social que debería llevarla a abstenerse en la toma de decisiones al frente de una administración pública como el Ayuntamiento de Mogán. Y como tenedora del 100% de acciones y administradora única que es debe de estar dada de alta como autónoma.

Desde un punto de vista puramente administrativo la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno prevé una serie de sanciones para este tipo de infracciones que considera como graves, fijando procedimientos para la exigencia de responsabilidades que podrían suponer la devolución de todas las cuantías económicas percibidas por la alcaldesa a lo largo de estos años.

La misma ley de incompatibilidades hace imposible que la actividad privada de Onalia Bueno pueda ser objeto de reconocimiento por el pleno, lo que la obligaría a tener que elegir entre su puesto de alcaldesa o su situación como socia única y administradora de su empresa. Cosa que no se ha producido.