El Ayuntamiento de La Aldea (Gran Canaria), en el último pleno ordinario, celebrado el pasado martes 26 de marzo, rechazó, con los votos en contra del grupo de Gobierno (Nueva Canarias- Bloque Canarista y Partido Popular), una moción presentada por el PSOE para estudiar la declaración del municipio como zona tensionada para tratar los altos precios generalizados de la vivienda tanto para alquilar o comprar.
En esta moción, el único acuerdo al que se instaba era el de solicitar al Gobierno regional que redactase un estudio donde se analizase el precio de compra o alquiler de viviendas de los últimos 5 años y la cuota hipotecaria en el municipio, además de otros indicadores y variables necesarias que diagnostiquen la oferta insuficiente de vivienda para la ciudadanía.
Este es el paso previo que marca la Ley 12/2023, de 4 de mayo, por el derecho a la vivienda para declarar un municipio o territorio como zona de mercado residencial tensionado, lo que conlleva a la aplicación de los índices de precios de referencia elaborados por el Ministerio de Vivienda y que topan los precios en dichas zonas.
Ante la negativa del grupo de Gobierno, el portavoz del grupo socialista, David Godoy, explicó que ‘’estos índices de precios de referencia lo que vienen a hacer es establecer unas condiciones favorables, tanto para los que buscan una casa como para las personas que venden o alquilan, permitiendo así el acceso a la vivienda en condiciones adecuadas y asequibles, por lo que no entendemos que el grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Aldea se niegue a ofrecer estas condiciones a los vecinos y vecinas’’.
Llama la atención que la postura de Nuevas Canarias en La Aldea es totalmente contraria a la de su partido a nivel regional, que ataca al gobierno de Canarias, compuesto por Coalición Canaria y Partido Popular, por rechazar tanto la ley de vivienda en su conjunto como la medida concreta de declarar una zona como tensionada.
Desde el Partido Socialista se preguntan “qué motivos tiene Nueva Canarias La Aldea para oponerse a que se regule un precio base en el alquiler y la compra de vivienda cuando su partido a nivel regional lo está exigiendo ¿El objetivo es mantener un pacto de Gobierno?”, cuestiona. “Los intereses políticos no pueden estar por encima de los de la ciudadanía; posturas como estas hacen imposible confiar en su apuesta por la vivienda pública y asequible para la ciudadanía’’, concluyó David Godoy.