Organizaciones de funcionarios autonómicos denunciaron que el Gobierno de Canarias pretende aprobar en agosto un plan para hacer funcionarios a más de 4.000 trabajadores con categoría de personal laboral, y exigieron que este proceso se realice mediante una oposición pública.
Los sindicatos CSIF, Sindicato Independiente Canario (SIC), CESP y Unión de Funcionarios anunciaron en rueda de prensa que han creado una plataforma a la que animan a sumarse a los funcionarios de carrera o interinos, y laborales fijo, fijo discontinuo, indefinido y temporales, para promover las acciones “oportunas”.
Según estas organizaciones, los “grandes beneficiados” de este proceso no son los grupos “más bajos” en la categoría laboral “sino unos pocos privilegiados que desean ser jefes de servicio y directivos” mientras que el resto “verá en realidad paralizados e hipotecados sus derechos laborales con la funcionarización”.
El representante del SIC, Lesmes Siverio, afirmó que se ha “excluido” de este proceso a los sindicatos que representan a los funcionarios de la Comunidad Autónoma y acusó al Gobierno regional de negociar “a escondidas” con otras fuerzas sindicales que no tienen mayoría en la función pública.
A su juicio, esta medida podría afectar a más de 4.000 miembros del personal laboral de la Comunidad Autónoma, la mitad de este colectivo, y consideró “injusto” que se apruebe esta iniciativa “a escondidas”, sin negociar con los sindicatos del colectivo y sin ofrecer la oportunidad a posibles aspirantes de concurrir a una prueba pública.
“Hay gente que se está preparando para unas oposiciones en la Administración pública a las que no va a poder acceder” por esta razón, dijo el dirigente sindical.
En su opinión, la aprobación de este plan general de ordenación de los recursos humanos puede provocar además “que se queden en la calle” más de 3.000 empleados públicos, algunos con hasta 17 años de experiencia.