La secretaria y tesorera de Vox Las Palmas dirige un centro de menores extranjeros no acompañados en Gran Canaria. María de los Ángeles Barroso, diplomada en Educación Social, es la directora de uno de los 29 recursos de emergencia instalados en Canarias en los últimos meses para dar respuesta al aumento de llegadas en pateras y cayucos de migrantes menores de 18 años. Al menos tres trabajadores que han pasado por el establecimiento, que comenzó a funcionar en enero de 2021, han criticado la metodología aplicada por Barroso y su trato hacia los empleados y los menores, tildando de “racistas” algunos comentarios realizados a los niños. La también vicesecretaria de organización del partido de extrema derecha en la provincia oriental fue fichada por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, contratada por la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias (Sí Podemos Canarias) para gestionar el espacio.
La directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Iratxe Serrano, defiende que este centro situado en la capital grancanaria funciona de forma correcta y que no hay ninguna queja sobre la directora. También respalda la profesionalidad de Barroso, “respetada en el mundo del menor”: “Es una suerte tenerla ahí. Es una gran profesional y, además, habla árabe”. Respecto a su vinculación con Vox, Serrano insiste en que la ideología política es un factor que no se tiene en cuenta para contratar a los trabajadores. Tampoco la directora del recurso ha querido responder a las preguntas de este periódico: “Yo hago un trabajo técnico, mi vida personal aquí no cabe”. Preguntada por las críticas de los trabajadores, la directora, titulada superior en Criminología y con un máster en Geoestrategia Internacional y Terrorismo, responde que “poco tiene que decir sobre personas que ya no trabajan en el recurso” porque no han superado el período de prueba. Además, subraya que, si la Dirección General quiere hacer una inspección, tiene las herramientas para hacerla.
Una empleada que trabajó en el recurso durante un mes y que ha preferido no dar su nombre asevera que el nivel de despidos es altísimo entre aquellas personas que contradecían la forma de actuar de la dirección. “El ambiente era de miedo”. La extrabajadora recuerda un día en el que algo sentó mal a varios menores que empezaron a vomitar desde la hora del almuerzo. “Muchos niños se pusieron malos a la vez, lloraban pidiendo que llamáramos a los médicos y no entendían por qué no lo hacíamos. Tardaron muchísimo en llamarlos y nos dieron la indicación de contener a los chicos”.
En cuanto a las medidas sanitarias para frenar la propagación de la COVID-19, esta empleada afirma que, cuando abrió el centro, la mascarilla que los menores deben usar en las instalaciones era quirúrgica y “solo se cambiaba una vez a la semana”. “Si se les rompía, se les descuenta de la paga. En la actualidad, tienen mascarillas de tela y se lavan solo los lunes”. Los trabajadores, por su parte, recibían una a la semana. Otra de las carencias identificadas es la distribución de cuatro comidas al día y no cinco, ya que los menores “no reciben nada a media mañana”. En esta línea, siempre según estas fuentes, Barroso respondió supuestamente a los trabajadores que “más hambre pasarían en la patera”.
Otro trabajador, que destaca que al ser empresario decidió entrar en el centro para desempeñar una labor social y no por razones económicas, también ha puesto en cuestión el funcionamiento de este centro que acoge a los menores “con el mejor perfil”. “Siento que podría haber aportado mucho y no me han dejado”. Una tercera trabajadora consultada por este periódico lamenta que se les diera la orden por escrito de tener un trato distante con los menores. “Nos dijeron que no debíamos tener cercanía con los menores por profesionalidad, cuando lo normal es que se fomente en los centros un vínculo afectivo con ellos”.
El antiguo empleado, que asegura que tenía buena relación con los niños por su dominio del árabe, apunta que algunos menores sentían “ansiedad y poca comprensión”. En cuanto a su relación con la directora, matiza que no todo era malo, aunque no tenían “una buena conexión”. “Lo primero que me preguntó cuando me hizo la entrevista de trabajo fue si yo había venido en patera”, cuenta. “No me trataba como a un igual”. Además, ambos trabajadores coinciden en que hay una “falta de material” para las clases de español y que a veces debían llevar “folios de sus casas”.
Este periódico acudió al centro y trató de contactar con sus trabajadores. Pero la visita no dio resultado. Según fuentes consultadas, los empleados han recibido órdenes desde la dirección de no hablar con la prensa, sobre todo después de que se publicara que la Policía Nacional estaba investigando la difusión de vídeos y mensajes yihadistas entre los menores del recurso. Tampoco hubo suerte con la Fundación Diagrama, asociación en la que Barroso trabajó hasta hace unos años, que prefirió guardar silencio sobre el asunto.
A través de un procedimiento de emergencia, la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias eligió a dedo a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI para la coordinación del centro por 140.533 euros. Las instituciones públicas pueden hacer uso de esta vía “cuando tengan que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional”. Esta redacción ha intentado contactar con la fundación, radicada en Madrid, pero esta ha remitido a la Dirección General por ser la entidad titular de los centros que gestiona en Gran Canaria.
Una de las características de esta tramitación es que permite la adjudicación de forma verbal. Las administraciones pueden alcanzar acuerdos (sin concurso público de por medio) simplemente levantando el teléfono. Eso es lo que hizo la Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia, amparada en la continua llegada de menores extranjeros a las Islas, según consta en la memoria justificativa del contrato. El texto no especifica a qué se debe destinar el dinero, solo despeja el camino para “las actuaciones que sean precisas realizar para la contratación del servicio consistente del dispositivo”.
El Ejecutivo autonómico, que tenía una red de acogida para proteger a 500 menores, se ha visto obligado a habilitar dispositivos de emergencia (29 en total) para los 2.776 que en estos momentos se hallan bajo su tutela. La Consejería de Derechos Sociales apunta que la situación es “catastrófica”, que el flujo de llegadas les ha sobrepasado y que no dudará en abrir más recursos si fuera necesario.
María de los Ángeles Barroso fue también la apuesta de Vox para que el partido saliera a flote en Telde después de su caída en las elecciones municipales de 2019, en las que solo obtuvo un 2% de los votos. La formación presidida por Santiago Abascal la nombró nueva coordinadora en esta circunscripción.
La criminalización de los menores migrantes ha sido una constante en el discurso de Vox desde su creación, vinculándolos a la inseguridad ciudadana en distintos barrios de España. Los bulos y los mensajes de odio hacia este colectivo se han reproducido con más fuerza en las últimas semanas, durante la campaña electoral para las elecciones autonómicas de Madrid que se celebraron este martes 4 de mayo. El partido de extrema derecha colgó un cartel en la estación de metro de la Puerta del Sol en el que utilizaba datos manipulados para alimentar la confrontación contra los menores extranjeros. “Un mena: 4.700 euros al mes. Tu abuela: 426 euros de pensión”.
La campaña de odio hacia los menores migrantes protagonizada por Vox en Madrid forzó al portavoz en el Ayuntamiento sevillano de San Juan de Aznalfarache, Manuel Pérez, a abandonar el partido. Pérez pidió su traslado al grupo no adscrito de la corporación en señal de protesta por el tratamiento de los menores extranjeros no acompañados.
Algunos miembros de Vox se han desplazado al Archipiélago en los últimos meses para hacer campaña aprovechando la crisis en la acogida que ha vivido la comunidad desde que se reactivó la ruta migratoria canaria, la más mortal de acceso a Europa. Entremezclando el fenómeno con la caída del turismo por la pandemia, líderes como Santiago Abascal o Javier Ortega Smith han intentado colar su mensaje xenófobo entre la población isleña.
“Además de hacer frente a la crisis económica, la sanitaria y la política, Canarias tiene que afrontar una crisis de inmigración que ataca frontalmente a lo que da de comer a los canarios”, dijo Abascal en su visita a las Islas, olvidando que durante la crisis de los cayucos (2006), en la que alcanzaron las costas canarias más de 31.000 migrantes, también llegaron 10,3 millones de turistas. El partido de extrema derecha llegó a pedir al Gobierno un “bloqueo naval” en las aguas de las Islas con las Fuerzas Armadas para frenar la “invasión migratoria”.
Barroso, en una columna publicada en ActualidadCanarias.com, se sumó a este discurso y criticó que un “inmigrante irregular” sea derivado a un centro de acogida o a un alojamiento hotelero “de manera inmediata” tras llegar a las costas canarias. Además, aseguró que las personas migrantes tienen un “catálogo de prestaciones sociales a su servicio” de manera inmediata. Las personas llegadas en patera a Canarias no reciben “nada más llegar” ayudas económicas. Por ejemplo, para pedir la Prestación Canaria de Inserción, las personas deben estar empadronadas en cualquier municipio de la comunidad autónoma con una antelación mínima de seis meses a la fecha de la petición.
El diputado de Vox por Las Palmas, Alberto Rodríguez, ha participado en las manifestaciones que hablan de la inmigración como una invasión y que la relacionan con la caída del turismo en las Islas. Preguntado por la presencia de una compañera de partido en un centro de menores migrantes, ha respondido que “no hay una postura oficial respecto a dónde trabajan las personas de Vox”. “Me sorprende que sorprenda que una persona del partido desarrolle su actividad profesional en cualquier ámbito honrado y legítimo”.
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