Había prisa por ir al grano este miércoles en el pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Los puntos 18 y 19 ubicados en los asuntos de urgencia del Orden del día y referentes a la gestión de la empresa mixta Emalsa y al convenio de colaboración con el Cabildo sobre el Complejo Ambiental del Salto del Negro, ascendieron de posición y fueron los primeros en ser abordados.
Algo normal, teniendo en cuenta que el alcalde, Juan José Cardona, había convocado una rueda de prensa una hora después del comienzo del pleno, para trasladar a los medios de comunicación que se encontraban dos pisos más abajo que el Ayuntamiento recuperará, “por las buenas o por las malas”, el control del ciclo integral del agua de la ciudad.
El extenso debate que tuvo lugar en la sala hizo que Cardona llegara tarde a su cita con la prensa canaria y, aunque la palabra “intervención” no se descartó y se puso en evidencia la perversa relación que mantienen la entidad de aguas y la corporación, el resultado es el mismo; toca esperar y seguir manteniendo un modelo que los técnicos municipales han calificado en su estudio de “obsoleto”.
El primer edil quiso dejar claro que está dispuesto a tomar medidas y dejó las declaraciones más crudas para la rueda de prensa, donde amenazó con rescatar Emalsa si la corporación no recibe en 20 días un informe que muestre con precisión la realidad de la compañía, vertidos al mar incluidos. Sin embargo, pocos minutos antes, en el salón plenario, se había mostrado más comedido al confiar en que una vez la entidad entregue la información, la Administración elaborará un “auténtico escáner” para entonces poder adoptar decisiones.
A falta de que el Consejo de Administración de la empresa mixta debata la auditoría interna realizada en 2012 y esa información pase a ser de conocimiento público, quedó en el aire la pregunta de la portavoz del Grupo Socialista, Isabel Mena, sobre si el Ayuntamiento puede afrontar la posible intervención de la empresa.
Mientras el alcalde estaba ausente, el concejal de Movilidad Ciudadana y Mediambiente, Ángel Sabroso, presidió el pleno en su lugar para abordar la aprobación del convenio con el Cabildo para la gestión del Complejo Medioambiental del Salto del Negro, que establece las condiciones para la transmisión de la titularidad de la parcela a la Institución insular. Un acuerdo que contó con el rechazo de la oposición, al haber recibido el documento el día anterior, considerar que se encuentra jurídicamente incompleto y se trata de una mera declaración de intenciones.
Cardona volvió a la sala para estar presente ante las demandas hechas por los taxistas, que denunciaron la desregularización del sector, poco después de que quedara aprobado el gasto plurianual para la ejecución del proyecto de 72 viviendas protegidas en Tamaraceite, aspecto por el que la popular Carmen Guerra y la socialista Lucía Ruiz protagonizaron el debate más acalorado de la jornada, al achacarse responsabilidades mutuas.
Asimismo, el alcalde dio cuenta de la declaración institucional propuesta por el grupo de Gobierno, que insta a la Administración central a analizar, a través del Instituto Nacional de Estadística (INE), la situación de los padrones municipales de las 88 corporaciones locales de Canarias desde 1996. Poco después se fue, para no volver.
Horarios de Guaguas
Otra de las mociones más debatidas fue la formulada por el Grupo Socialista respecto a la ampliación del horario de algunas líneas de Guaguas Municipales, que fue enmendada por el Partido Popular para dar paso a la elaboración de un estudio que aporte rigor ante futuros cambios.
En este punto, Mena puso de relieve una serie de zonas de la ciudad donde se han detectado deficiencias horarias, que según dijo habría que adaptar a la jornada de los usuarios. Es el caso de la Universidad, precisó, donde los estudiantes tienen que salir antes para coger el transporte y en ocasiones se encuentran sin líneas de noche. Además, puso de relieve las quejas del Cono Sur, que no ha llegado a asimilar los trasbordos para alcanzar el Mercado de Vegueta.
Sabroso defendió el sistema actual e hizo hincapié en la necesidad de hacer un estudio elaborado de forma “objetiva” y con criterio, para evitar “dejarnos guiar por quejas puntuales”.