El presidente de Fepeco, Antonio Plasencia, dijo este jueves que nunca “le puso una pistola a nadie” en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para que le comprara los terrenos de las Teresitas, y afirmó que los vendió “contra mi voluntad”.
Plasencia respondió así al ser preguntado por los periodistas por los contactos que ha podido tener con el Ayuntamiento para cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que declara nula la operación de compra venta de los terrenos del frente de la playa.
El presidente de la patronal de la construcción tinerfeña indicó que estos asuntos los llevan sus abogados, que son quienes les aconsejan sobre lo que se debe hacer.
Indicó que los vendió contra su voluntad para que se resolviera el problema sobre los terrenos “porque si no qué maravillosas hubiesen sido las construcciones enfrente de la playa, aunque en la parte de atrás, dejando libre la playa”.
Ley del Suelo
Por otra parte, Antonio Plasencia expresó su preocupación por el papel que la nueva Ley del Suelo otorga a los ayuntamientos, ya que, en su opinión, son instituciones “lentas, burocratizadas y con poca eficacia real”.
Plasencia, en la inauguración de unas jornadas sobre la nueva Ley del Suelo organizada por la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), Garrigues Abogados, CajaCanarias y la Cámara de Comercio, indicó que en la resolución de muchos asuntos en trámites en los ayuntamientos “se llega a lo paranoico”.
El presidente de la patronal de la construcción tinerfeña preguntó qué pasa con el 10% del aprovechamiento medio del suelo que tienen que entregar los promotores a los ayuntamientos, y que supuestamente tienen que ir a fines sociales, y cuestionó si el destino final es la venta “al mejor postor” o a la especulación.
Plasencia se mostró convencido de que sobraría suelo en Canarias si los ayuntamientos destinaran el 10% que les entregan los promotores a ese fin.
Una ley producto de la impotencia de la administración
A su juicio, la nueva ley es el producto de una impotencia de la administración para resolver el problema de la vivienda, pero consideró que la nueva normativa no permite ser optimista sobre los problemas seculares que gravitan sobre el suelo, y precisó que estando el desarrollo reglamentario “en manos de las mismas personas que han estado hasta el momento, nos tememos que el fracaso está asegurado”.
Plasencia consideró que el encarecimiento de la vivienda se debe al precio “exorbitado” del suelo y a los altos impuestos que se abonan desde que se compra el suelo hasta que se hace edificable.
Indicó en declaraciones a los periodistas que los ayuntamientos pueden tardar entre dos y tres años antes de permitir la construcción de un suelo, y señaló que ello supone un coste añadido para el promotor, que termina repercutiéndolo en el precio final de la vivienda .
Afirmó que en cualquier ayuntamiento se puede tardar hasta un año en conceder una licencia de construcción, y se mostró convencido de que la nueva ley del suelo no reducirá el precio de la vivienda.
Plasencia dijo que al sector de la construcción no se le puede achacar que sea “el depredador número uno”, ya que sólo construye donde se le autoriza.
El presidente de la patronal de la construcción tinerfeña declaró que todos se quieren aprovechar de la “gallina de los huevos de oro” y aludió a la Hacienda regional “que sube constantemente los impuestos, solamente con afán recaudatorio” y los ayuntamientos “con su conocida voracidad sin pensar nunca en las necesidades de los ciudadanos por conseguir una vivienda digna”.
Se congratuló de que uno de los compromisos del pacto de Gobierno entre CC y PP sea simplificar la normativa sobre el territorio y el medio ambiente ya que, concretó, en Canarias hay determinadas normativas que se solapan, y se mostró convencido de que dos o tres normas serían suficiente para regular el suelo y la construcción.
Agregó que los empresarios se encuentran con innumerables leyes, órdenes y decretos que en la mayoría se contradicen y “que cuando se empiezan a estudiar parecen verdaderos galimatías”.
Plasencia criticó la existencia de “talibanes ambientalistas” que se niegan a todo y que perjudican el desarrollo y el crecimiento de las islas.
En la inauguración de la jornada también participó el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Ignacio González, quien se refirió a las encuestas en las que afirma que el 80% del sector inmobiliario no está de acuerdo con el texto, y se mostró convencido de que se consiga bajar los precios.
El director general de CajaCanarias, Álvaro Arvelo, destacó la importancia que tiene conocer esta normativa dado el impacto que tiene sobre una cuestión tan sensible para Canarias como el suelo.
Resaltó que esta ley “terrible” se suma a otros aspectos que afectan al sector de la construcción como encarecimiento de la financiación.