La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, ha avisado este lunes de que con los datos actuales de COVID-19 en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro -- según las tasas de contagio por cada 100.000 habitantes-- los colegios no podrían reabrir sus puertas si la vuelta a las clases fuera hoy, por recomendación sanitaria.
En una comparecencia ante la comisión parlamentaria de Educación para debatir sobre el inicio del curso ha apoyado las declaraciones del presidente canario, Ángel Víctor Torres, que este mismo lunes ha señalado que el 10 de septiembre se decidirá si el curso escolar arranca cinco días después, el 15 de septiembre, con normalidad o con restricciones en el archipiélago.
“La pandemia no la controla ni el presidente, ni el Rey de España, ni el Papa. El día 10 se tomará la decisión, es lo lógico, no sé qué improvisación o disparate encuentran”, ha espetado a los diputados críticos con el diseño del curso escolar.
Armas ha insistido en que los centros educativos no son un punto de “riesgo cero”, porque ningún lugar lo es. “Recordemos que muchos niños y niñas se han contagiado en sus propias casas”, apuntó. A pesar de ello, la Consejería ha apostado por la “presencialidad y la seguridad”, implantando medidas como el uso de mascarilla obligatoria, la dispensación de gel desinfectante en el transporte escolar, la toma de temperatura dentro del aula y la ventilación de la misma y el lavado de manos obligatorio al menos cinco veces al día. La consejera ha recomendado que las familias también midan la temperatura a los menores antes de salir de casa y que pongan nombre a las mascarillas para evitar confusiones. También en las guaguas los alumnos tendrán un asiento asignado para facilitar el rastreo en caso de registrarse un positivo.
Otra de las medidas planteadas en la Comisión ha sido la contratación de al menos 400 auxiliares de comedor para reforzar las plantillas que ya existen y de personal adicional de limpieza encargado de desinfectar las aulas destinadas a la acogida temprana. “Son profesionales que tendrán un contrato de ocho horas, de 8.00 a 16.00 horas, de carácter trimestral, que podrá renovarse en función de la evolución de la pandemia”, ha especificado Manuela Armas.
La responsable del área de Educación también ha celebrado que Canarias sea la única comunidad autónoma que haya decidido mantener la presencialidad de las clases también en Bachillerato y en los ciclos formativos. “Llevan mucho tiempo sin ir a los centros, merecen que se haga este esfuerzo”, apuntó Armas. Sin embargo, el Partido Popular lamentó esta decisión asegurando que es consecuencia de una falta de un plan de digitalización potente que permita que estos grupos permanezcan en casa recibiendo formación de manera telemática.
El grupo parlamentario Sí Podemos ha insistido en la necesidad de contratar docentes para configurar una plantilla de sustitución que garantice la cobertura de posibles bajas por síntomas o por positivos de COVID-19. Manuel Marrero ha defendido las clases presenciales como prioridad junto a la seguridad, así como la disminución de ratios para que no haya aulas masificadas y que estén bien ventiladas. Respecto a la posibilidad de ampliar el número de espacios disponibles para disminuir la ratio de alumnos por aula, la consejera ha subrayado que “los espacios son los que son”.
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