El Pleno del Congreso aprobó este martes prácticamente por unanimidad -308 votos a favor y uno en contra- el decreto-ley que recoge medidas urgentes para paliar los daños causados este verano en Canarias, que contiene una cláusula abierta que permite extender la medida a otros fuegos, como el de Castellón.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, encargado de presentar la iniciativa ante el Pleno, explicó que la norma contempla una cláusula abierta que permite extender las medidas a otros ámbitos geográficos con incendios similares entre el 1 de marzo y el 1 de noviembre, entre los que citó el reciente incendio de Les Useres, en Castellón, sobre el que el Gobierno dictará en breve un real decreto.
Rubalcaba valoró “la celeridad” en los trabajos y el “ejercicio de coordinación” entre administraciones, estatal y autonómica, hecho con el que coincidieron prácticamente todos los grupos parlamentarios, si bien también pidieron esa misma coordinación a la hora de aplicar las medidas recogidas en el decreto-ley aprobado.
Además, y a petición del PP, se pidió que el decreto se tramitase como proyecto de ley, lo que permitiría introducir enmiendas al texto. Esta petición fue rechazada por 167 votos en contra mientras que contó con 136 votos a favor y seis abstenciones.
En su intervención ante la Cámara, el ministro de Interior recordó que los incendios ocasionaron daños en más de 27.500 hectáreas, provocaron una “catástrofe ecológica” y causaron la evacuación de más de 12.000 personas.
''Ejemplo de coordinación''
Rubalcaba hizo hincapié en que desde la Administración del Estado se trabajó rápidamente y consideró que el conjunto de las administraciones, cabildos y Gobierno de Canarias, “han dado un ejemplo de coordinación”.
Además resaltó que es la primera vez que interviene la Unidad Militar de Emergencia, y lo hizo “a plena satisfacción”, señaló.
El ministro también citó entre las principales medidas recogidas en el decreto la concesión de subvenciones para la reparación de infraestructuras municipales, bonificaciones fiscales e indemnizaciones por daños en producciones agrícolas y ganaderas, medidas laborales y ayudas a la vivienda.
Por parte del PP intervino el diputado Pablo Matos quien expresó el apoyo inequívoco de su grupo al decreto si bien, aseguró, recoge ayudas similares a las establecidas en anteriores decretos.
Por ello, Matos solicitó al Gobierno la tramitación del decreto como proyecto de ley “con el fin de introducir las oportunas modificaciones que lo mejoren”, entre las que citó “la total financiación de las viviendas reconstruidas”.
Matos pidió al grupo socialista que apoyase esta petición ya que, dijo, “lo contrario en Canarias no se entendería”.
La diputada socialista Pilar Grande discrepó con la petición del PP que sólo serviría -dijo- para ralentizar la aplicación de las medidas de urgencia.
Por parte del Grupo Mixto tomaron la palabra Román Rodríguez (NC) quien calificó de “diligentes” las actuaciones realizadas.
Además pidió que el real-decreto se acomodase a las singularidades del Archipiélago.
Mientras, la diputada de CC Ana Oramas valoró el alto grado de coordinación, consideró positivo el establecimiento de una Unidad Militar en Tenerife si bien criticó que la Unidad Militar de Gran Canaria “tardó 12 horas en entrar en marcha”.
Asimismo Oramas solicitó que el Gobierno suscriba con Canarias un convenio para el desarrollo de un programa que permita la recuperación del territorio.
La diputada de IU Isaura Navarro expresó el respaldo de su grupo e hizo una apuesta por otras medidas preventivas como la red de vigilancia en los bosques.
Así, Navarro reclamó al Gobierno “liderazgo” en el perfeccionamiento de los instrumentos legales, materiales y judiciales, en la prevención y lucha contra los incendios.
El diputado del PNV José Ramón Beloki reclamó que “esa estrecha coordinación” continúe en la aplicación de las medidas aprobadas mientras que el diputado de ERC Jordi Ramón Torres exigió la continuidad de estas medidas en otros municipios.
Por su parte, el portavoz de CiU Pere Grau demandó un marco legislativo que evite la tramitación parlamentaria, de forma que se pueda actuar de “forma automática”.EFE