El Juzgado Número 7 de San Bartolomé de Tirajana ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la denuncia por un presunto delito de malversación de caudales públicos y falsedad documental contra el edil Francisco Guedes y el ingeniero Alejandro Moreno.
No obstante, esta decisión no anula las posibles acciones administrativas que pudieran corresponder al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana por las irregularidades cometidas en su caso, tanto en la contratación de Alejandro Moreno, como en la falta de fiscalización previa de los actos que dieron origen al pago, según se señala en un auto de dicho juzgado.
En él, el magistrado Francisco Juan Sánchez considera que no han resultado debidamente justificados los presuntos delitos que fueron denunciados por David Miguel Araña León el pasado 4 de agosto de 2006 ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que dieron origen al caso.
Araña denunció que Francisco Guedes contrató de forma irregular como asesor a Alejandro Moreno el 15 de agosto de 2005 para la realización de determinadas actuaciones municipales.
Asimismo, afirmó que el ingeniero contratado cobró una serie de facturas por los encargos recibidos sin que existan proyectos presentados que las justifiquen, pese a lo cual se dictaron los correspondientes decretos de Alcaldía por los que se autorizaron los pagos.
En opinión de la parte denunciante, estas actuaciones eran constitutivas de unos presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude y tráfico de influencias.
En la investigación, se comprobó que el efectivamente fue contratado por Francisco Guedes, en aquel entonces primer teniente de alcalde, el 19 de agosto de 2005, quien firmó cuatro notas de encargos de trabajo de ingeniería fechados el 19 de agosto del mismo año.
Posteriormente, Alejandro Moreno, realizó cuatro facturas por varios importes, entre ellas una de 3.150 euros y otras de 5.140 y 5.140 euros, las cuales aparecen firmadas por otros imputados, la alcaldesa y el técnico municipal Juan Navarro Facundo Acosta.
En el auto se señala que uno de los hechos objeto de investigación penal fue la realización o no por Alejandro Moreno de los proyectos que se describen en las cuatro notas de encargo de trabajos de ingeniería, cuestión que acreditó, si bien existieron dudas al no constar el sello del Registro Municipal, ni la documentación original en el departamento de Vías y Obras.
En este sentido, “constatada la existencia de los proyectos no cabe plantearse la existencia de un delito de falsedad documental”, se añade.
Además, no existen indicios sólidos de la comisión de un delito de malversación de caudales públicos, debido a que los imputados no se apropiaron del importe de lo cheques, puesto que, al existir los proyectos y la contratación del ingeniero, ha prestado los servicios para los que fue contratado, prosigue.
En la resolución se precisa que no es firme, por lo que se podrán interponer recursos de reforma y subsidiario de apelación.