Archivado el expediente disciplinario contra al exjefe de la Policía Autonómica

El Gobierno de Canarias ha archivado el expediente disciplinario abierto en mayo a Luis Santos Jara, comisario principal de la Policía Autonómica y jefe del cuerpo desde 2012 hasta octubre de 2023, fecha en la que fue relegado del cargo tras un conflicto con la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria), a quien ha denunciado por acoso laboral.

Ese expediente era consecuencia del procedimiento de información reservada que se le había incoado en agosto de 2023 a raíz de un informe firmado por el director general de Seguridad del Gobierno de Canarias, David del Pino, quien antes de acceder a ese puesto de designación política ejercía como subcomisario en la Policía Canaria.

En ese informe, Del Pino decía haber tenido conocimiento de una serie de opiniones vertidas por Santos Jara contra el actual Ejecutivo durante un pase de lista a la plantilla. En concreto, se le acusaba de haber criticado la gestión del incendio forestal que durante esos días asolaba la isla de Tenerife, incidiendo en la “inexperiencia” de los miembros del Gobierno.

Tras el cierre de esa información reservada, se abrió un expediente disciplinario y se designó como instructora a una funcionaria A1 de la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia.

Barreto no intervino en la apertura de ese expediente, puesto que ya se había abstenido por el conflicto que mantenía con Santos Jara y que acabó derivando en un procedimiento judicial contra la consejera por presunto acoso laboral. En su sustitución ha actuado desde entonces Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad.

Quince entrevistas

Tras entrevistar a quince personas, entre ellas el propio Santos Jara, David del Pino o el actual jefe de la Policía Canaria (Antonio Almenara), la instructora propuso el archivo del expediente, al concluir que no se ha podido acreditar conducta alguna del comisario principal susceptible de encajar en las tipificadas como falta disciplinaria.

En su informe, la instructora destaca la “falta de homogeneidad” en los testimonios, una sucesión de “versiones contradictorias entre sí que dificultan probar que tales manifestaciones” se produjeran o que, de haberse producido, “lo fueran con un ánimo u otro”.

Al margen del propio expedientado, de los catorce entrevistados restantes, nueve de ellos dijeron no haber escuchado las expresiones controvertidas. Tres de los testigos sí confirmaron haber oído esos comentarios o parecidos en el pase de lista de las 7.00 horas del 18 agosto, pero otros que manifestaron haber estado presentes ese día, a esa hora y en ese lugar manifestaron lo contrario. Un cuarto también reconoció haber escuchado palabras similares un día antes en la sede del CECOES (Centro Coordinador de Emergencias 1-1-2), pero otros testigos lo desmienten. Un quinto aseguró no recordar “con exactitud”, dado el tiempo transcurrido, qué es lo que dijo, pero sí admitió que estaban todos los agentes “alterados” porque el incendio se estaba “desmadrando”, una aseveración que comparten varios entrevistados.

“De esa amalgama de perspectivas no surge una conclusión común o definitiva, ni siquiera hay un posicionamiento mayoritario hacia una versión u otra”, concluye la instructora, para quien “no se ha podido corroborar que las manifestaciones se produjeran, dado que de las declaraciones se desprenden afirmaciones absolutamente contradictorias que van desde certezas absolutas sobre lo vertido en esos días y lugares por Luis Santos Jara, a otras que indican no haber escuchado algo como lo comentado, añadiendo que tales expresiones habrían llamado la atención de los presentes”.

Por otra parte, la funcionaria no comprende que el director general de Seguridad, David del Pino, presentara el pasado mes de julio un informe complementario después de haberse abstenido de participar en ese expediente por haber trabajado durante los años precedentes con Santos Jara. “Resulta incongruente”, señala la instructora.

Ante ese informe, el consejero Pablo Rodríguez se ha visto obligado a archivar las actuaciones contra el comisario principal de la Policía Canaria, dando así por finalizado de forma definitiva y sin imputación de cargos el procedimiento disciplinario.

Denuncia de Santos Jara

El Juzgado de Instrucción 5 de Santa Cruz de Tenerife abrió en junio diligencias previas para investigar la denuncia presentada por Santos Jara contra la consejera de Seguridad en relación con esa información reservada. El comisario principal de la Policía Canaria le atribuye varios delitos, entre ellos el de acoso laboral. El juez instructor solicitó a la Consejería de Presidencia el expediente completo antes de decidir si imputa eso y otros delitos contra Barreto.