Archivo provisional para el caso Lifeblood con sospechas de tráfico de influencias
Archivo provisional con evidentes sospechas de tráfico de influencias. Así puede resumirse el contenido del auto de sobreseimiento provisional dictado por la magistrada María Victoria Rosell, titular de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, encargada de investigar la trama de irregularidades que rodeó el concurso de hemodiálisis para los hospitales doctor Juan Negrín, de Las Palmas de Gran Canaria, y José Molina Orosa, de Arrecife. Irregularidades por doquier, ausencia absoluta de transparencia, clarísima presencia del principal sospechoso, el abogado Francisco Javier Artiles Camacho, en múltiples trámites administrativos, reservados normalmente a funcionarios, en el Servicio Canario de Salud? pero la petición de la Fiscalía Anticorrupción reclamando el archivo ha obligado a la juez a dar por concluida la investigación, al menos de momento y a la espera de que pueda aparecer alguna prueba nueva que aconseje la reapertura.
La inexistencia de acusaciones particulares y la petición tanto del Ministerio Fiscal como de los imputados han conducido a este archivo. Ni siquiera el Gobierno, teóricamente principal interesado en que se aclarara un concurso plagado de irregularidades, ha actuado como acusación. Al contrario, los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma han estado personados desde el primer momento en defensa de dos de los sospechosos, el ex director general del Servicio Canario de Salud, Guillermo Martinón, y la ex secretaria general, Lourdes Quesada. También el Gobierno pidió el archivo.
Sin embargo, el auto conocido este viernes tras su notificación a las partes incluye muchas sospechas de la juez, principalmente referidas al principal encartado, Javier Artiles, que ocultó desde el principio su vinculación a Lifeblood para que la incompatibilidad que recaía sobre él no se pusiera de manifiesto. Porque Artiles, como refleja ampliamente el auto, se manejaba con inusitada soltura en los vericuetos de la administración sanitaria canaria, en aquel momento en manos del PP, asesorando en concursos, en recursos y en litigios varios, y a la vez era adjudicatario de servicios como la hemodiálisis del sur de la isla de Gran Canaria y concursante ?por partida doble- en el concurso que Mercedes Roldós dejó adjudicado pocos días antes de que, en octubre de 2010, su partido abandonara airadamente el Gobierno de Canarias.
La esposa del director general del Servicio Canario de Salud, como refleja el auto de archivo, trabajaba en aquellos momentos en el despacho profesional de Javier Artiles.
Artiles se presentaba al concurso de la hemodiálisis con la multinacional Baxter, su partner habitual, y escondido tras Javier Jorcano ?yerno del dueño de la promotora inmobiliaria Inprocansa, titular del pelotazo del Canódromo- para concursar también como Lifeblood. Eso queda perfectamente acreditado en la investigación porque el letrado representó a esta empresa en las negociaciones que celebró con la banca para obtener financiación una vez supo que tenía pre-adjudicado el millonario concurso de casi 125 millones de euros. Por cierto, con un beneficio de 26 millones de euros (después de impuestos) durante toda su vida útil, hasta el año 2025.
En su auto de archivo provisional, la juez desgrana las irregularidades detectadas en la elaboración de las bases del concurso, cómo fueron cayendo las cortapisas que hubieran impedido que Lifeblood se pudiera presentar, como la solvencia económica y la experiencia empresarial, y cómo se le primó con aspectos como la aportación de un local, ítem este desconocido por el resto de concursantes.
Queda probada la intervención directa de Lourdes Quesada en la modificación de esas bases, aún por encima del criterio de funcionarios expertos del Servicio Canario de Salud, y se evidencia que la ex secretaria general hizo un requiebro ante la jueza para tratar de explicar la presencia de las iniciales JA en algunos de sus correos electrónicos sobre las bases: atribuyó esas letras a la contracción de dos nombres de otros tantos especialistas del servicio, que sin embargo negaron ante la jueza tener algo que ver con el asunto.
También queda como mentirosa la doctora Palop, nefróloga del Doctor Juan Negrín ya retirada, que fue la que dio pie a esta investigación de oficio al declarar a TVE que a ella la habían intentado sobornar en el concurso de la hemodiálisis. La doctora fue llamada a declarar en tres ocasiones y en todas ellas aportó datos contradictorios que finalmente no han permitido conocer con la precisión necesaria para que haya causa penal la maternidad o la paternidad de las bases de un concurso con todos los aditamentos del amaño.
