La nueva directora general del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, Rosa Martínez Díaz, recalcó este jueves que asumirá “personalmente” los temas “tan conflictivos y tan candentes” a los que se enfrenta la Comunidad Autónoma por sentencias judiciales derivadas del Caso 'Tebeto', así como por tres fallos correspondientes a la Ley de Moratoria de 2003, por los que el Ejecutivo autonómico deberá abonar un total de 190 millones de euros.
Rosa Martínez, que se manifestó así ante los medios tras tomar posesión de su nuevo cargo en un acto que estuvo presidido por el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, incidió en que los servicios jurídicos “están preparados” para afrontar este reto, y quiso dejar claro que se dedicará a conocer “en profundidad” el contenido de todas estas sentencias.
La nueva directora general señaló, además, que asumir este cargo supone “una enorme responsabilidad”, y como Letrada de la Administración de la Comunidad Autónoma desde el año 1999, dijo ya conocer los servicios jurídicos del Ejecutivo canario y “la trascendencia que tienen”, al tiempo que agradeció la confianza que el consejero y el resto del Gobierno han depositado en su persona.
Por otro lado, en referencia a un supuesto trato de influencias cometido por el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, en el marco del Caso 'Arona', la nueva responsable del Servicio Jurídico eludió pronunciarse al respecto al desconocer esta noticia.
Mientras, el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad resaltó la elección de Rosa Martínez Díaz, quien, según recordó, fue alumna suya en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna, donde se graduó en el año 1992. Además, destacó que la nueva directora general “tiene ante sí el reto de mejorar el funcionamiento del Departamento, para lo que se procederá a una reestructuración interna”. En esta tarea, afirmó el consejero, “encontrará, sin duda, la ayuda de los letrados y del Gobierno de Canarias en su conjunto”.