La jefa de prensa de la Autoridad Portuaria de Las Palmas no cumplía los requisitos del concurso que ganó
La actual jefa de división de Comunicación y Relaciones Externas de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Cristina Rodríguez, no cumplía con los requisitos exigibles cuando se presentó al concurso por el que se le concedió en julio pasado ese puesto. Así consta en la documentación que ella misma presentó al organismo público, según el recurso interpuesto por uno de los aspirantes a la misma plaza, eliminado en la prueba definitiva (una entrevista personal) que ni siquiera quedó grabada.
Según la documentación que maneja este aspirante, Héctor Pérez Quevedo, incorporada al recurso de alzada que interpuso ante el organismo público, Cristina Rodríguez certificó formalmente que ejerció como técnico asesor del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en dos periodos, de mayo de 2009 a junio de 2011, y de junio de 2015 a julio de 2018; y como jefe del Gabinete de la Alcaldía entre febrero de 2012 y junio de 2015, coincidiendo con Juan José Cardona (actual presidente de la Autoridad Portuaria) como alcalde de la ciudad. Siempre según esa documentación, con certificaciones del secretario general del Consistorio, la ganadora del concurso solo desempeñó oficialmente el puesto de directora de comunicación desde julio de 2011 a febrero de 2012, concretamente siete meses y siete días.
Sin embargo, el requisito ineludible para poder concurrir al concurso por el que se otorgaba esa plaza de jefe o jefa de Comunicación era el de tener “una experiencia mínima de cinco años como director de Comunicación en administraciones, entidades o empresas públicas o privadas”.
Precisamente por incumplir ese requisito casi todos de la decena de aspirantes que presentaron su candidatura a la plaza fueron descartados desde el primer momento. De ese modo solo pasaron a la segunda fase de la selección Cristina Rodríguez y Héctor Pérez Quevedo, que acreditó más de once años en puestos también vinculados al Partido Popular, concretamente en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y en el Cabildo de Gran Canaria, donde ejerció como jefe de prensa. Además, hizo constar en su currículo tres años y dos meses como director general del Gabinete de la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias, cuando a su frente estuvo José Manuel Soria. En total, según sus cálculos, 14 años y cuatro meses.
Cristina Rodríguez también añadió a su paso por las instituciones públicas su desempeño como periodista en Radio Las Palmas (esRadio), Cope, Onda Cero, Canal 9 Las Arenas e Imaco 89, pero en ninguno de esos puestos ejerció como directora de comunicación.
La entrevista definitiva no quedó grabada
Los dos candidatos finalistas, Cristina Rodríguez y Héctor Pérez Quevedo, fueron calificados como aptos y ambos con 30 puntos, en la primera parte del proceso, centrado exclusivamente en sus titulaciones y su trayectoria profesional. Por lo tanto, la entrevista personal que se establecía como definitiva (40% de la puntuación) iba a decantar la contratación. Y así fue. Según la resolución de la convocatoria publicada por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Rodríguez se alzaba en ese ejercicio como la favorita al conseguir ocho puntos frente a los seis de su adversario.
Pérez Quevedo pidió casi inmediatamente explicaciones a la Autoridad Portuaria, primero reclamando acceso al expediente, que le fue denegado, y luego solicitando una entrevista con los directivos responsables del tribunal, que le permitieron consultarlo. Tras comprobar que la nueva directora de Comunicación del organismo público no cumplía con los requisitos, según los certificados que presentó, interpuso recurso de alzada, reclamando la anulación de la resolución por incumplimiento por parte de la profesional ganadora. Su recurso no ha sido contestado tres meses después por la Autoridad Portuaria, lo que equivale a silencio administrativo negativo.
De su consulta ante Puertos de Las Palmas el aspirante pudo comprobar también que la entrevista que resultó definitiva para la resolución del concurso no fue grabada, lo que a su juicio deja todo el terreno libre para la arbitrariedad del tribunal.
De ahí que haya anunciado la interposición de un recurso contencioso-administrativo en el que, además del incumplimiento de las bases, tiene previsto demandar a la Autoridad Portuaria por la falta de motivación a la hora de emitir su calificación de la prueba definitiva, la entrevista. A su juicio, la jurisprudencia del Supremo es clara a este respecto: “Los tribunales calificadores o las comisiones de selección están obligados a motivar sus resoluciones, que no se satisfacen con la emisión de una calificación numérica (…) Se debe explicar el camino seguido para la calificación concedida”.
Desde el principio de este proceso, la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha mantenido absoluto mutismo. La persona contratada se encuentra en estos momentos de licencia por maternidad.
