Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria valorarán en un informe la nueva sentencia sobre el Plan Parcial Tamaraceite Sur. Según informa el Consistorio en una nota, se trata de la segunda sentencia firme sobre el particular con sentidos opuestos: “una sanciona el sistema de ejecución público y la otra dicta con criterio contrario”, y todavía quedan varios pronunciamientos de los tribunales.
El concejal de Ordenación del Territorio, Néstor Hernández, ha hecho un llamamiento a la prudencia en espera del citado informe jurídico. No obstante, recordó que la potestad para elegir el sistema de ejecución urbanística -ya sea por expropiación pública o por gestión privada- es de los ayuntamientos. “Elegimos o cambiamos estos sistemas en función de la realidad económica de las instituciones implicadas y en defensa del interés general”, subrayó.
En este sentido, ha señalado que la decisión de cambiar de un sistema de expropiación pública a otro de ejecución privada se tomó porque el Ayuntamiento “no estuvo en el pasado, no está en el presente y no estará en el futuro inmediato en condiciones de aportar 30 millones de euros en expropiaciones”.
El actual proyecto de Tamaraceite Sur, cuyo convenio preparatorio para iniciar el proceso administrativo se suscribió hace unos meses con la promotora Pilas, “es mejor y es un ejercicio de responsabilidad”. Este acuerdo, señala el Ayuntamiento, “desbloqueó una situación en la que el Ayuntamiento podía verse obligado a pagar indemnizaciones millonarias”.
Dotaciones
El convenio preparatorio para Tamaraceite Sur eleva el número de viviendas de protección (con especial incidencia para jóvenes) a la mitad de las unidades previstas (unas 2.500 en total). También cambia la zona industrial prevista en el Plan Parcial original por un parque y dotaciones, amplía el cinturón verde y reserva un espacio para construir una sede administrativa que dé servicio a los actuales vecinos y a los nuevos residentes.
El Plan Parcial Tamaraceite Sur abarca unos 500.000 metros cuadrados. En el pasado, el Ayuntamiento optó por un sistema de ejecución pública mediante expropiación sobre el que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictó una sentencia de anulación. Esta sentencia “es firme ya que el anterior grupo de gobierno no la recurrió”. Ahora, el Tribunal Supremo “dicta otra sentencia en sentido contrario al mantenido por el TSJC”. Otros cinco procesos judiciales están en curso tanto contra el Plan Parcial como contra el Plan General (año 2005) del que nace.
En los últimos años, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha recibido sentencias en contra por la gestión urbanística de gobiernos pasados por valor de 88 millones de euros.