SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 (EUROPA PRESS)
El alcalde de Güímar (Tenerife), Rafael Yanes, y la primera teniente de alcalde, Carmen Luisa Castro, han anunciado en una nota de prensa que el Ayuntamiento se presentará como parte perjudicada en el procedimiento seguido contra las empresas extractoras de áridos al objeto de ejercitar las acciones civiles pertinentes.
De esta forma, el Consistorio reclamará las indemnizaciones que procedan por el perjuicio que han causado los 40 años de extracción continuada de áridos en el municipio. Rafael Yanes afirmó que con esta acción el Ayuntamiento “cumple con su obligación de defender los intereses del municipio, que ha visto cómo la extracción ilegal de áridos ha impedido su desarrollo económico, ha deteriorado el paisaje, ha perjudicado a la actividad agrícola de la zona y ha causado graves molestias a los vecinos por el ruido y el polvo en suspensión que producían las decenas de camiones que diariamente transitaban con estos materiales”.
En un auto de fecha 14 de mayo de 2010, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Güímar dispone que continúe la tramitación de las diligencias previas por los trámites del Procedimiento Abreviado por si los hechos imputados a los cinco representantes legales de las empresas extractoras fuesen constitutivos de un presunto delito contra los recursos naturales, trasladándolo al Ministerio Fiscal. Por ello, considera el Ayuntamiento que es “el momento oportuno para personarse en el Juzgado y reclamar las indemnizaciones que le correspondan al municipio si finalmente los hechos son constitutivos de delito”.
Al mismo tiempo, el alcalde recordó que en abril de 2008 el Ayuntamiento logró precintar la última cantera que continuaba extrayendo áridos en el municipio, “poniendo fin así a años de lucha contra el mayor atentado paisajístico de Canarias”. “Se trata sin duda --aseguró el alcalde-- de una victoria para todos los vecinos de Güímar, que han visto cómo su belleza natural desaparecía y se impedía desarrollar su actividad agrícola, por lo que ahora lo oportuno es reclamar las indemnizaciones que correspondan”.
Por su parte, Carmen Luisa Castro señaló que “no sólo es necesario restaurar el paisaje y hacerlo productivo para la agricultura, ya que lo más grave es la peligrosidad que representa el hecho de que los cauces públicos no estén delimitados, lo que significa una gran indefensión ante posibles lluvias torrenciales”. En este sentido, afirmó que la autopista del Sur “supone una barrera artificial que no está debidamente planificada ante avenidas, pues los 16 pontones construidos en su base para encauzar el agua de lluvia no se corresponden con las zonas más bajas de los barrancos”.