El pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó este viernes por unanimidad una declaración institucional que pide la creación en el Congreso de los Diputados de una comisión que investigue las causas del accidente del vuelo JK5022 de la compañía Spanair, en el año 2008.
La petición persigue que se puedan “depurar las responsabilidades políticas y de seguridad que no fueron investigadas en vía judicial”, indica el Ayuntamiento en un comunicado.
En el documento, firmado por todos los grupos políticos, se insta también a las Cortes y al Gobierno central a crear un órgano independiente para investigar los accidentes e incidentes graves del transporte aéreo, según el modelo presentado en 2014 por la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022.
Este órgano podría encargarse también de todo lo relacionado con cualquier otro accidente que por el número de víctimas o bien por su complejidad “requiera de una investigación independiente y al margen de la administración que tenga encomendada esa gestión”, agrega la nota.
Además, el Ayuntamiento respalda todas las concentraciones que la Asociación lleva a cabo, pero en especial la que organiza cada año el 20 de agosto, coincidiendo con el aniversario de la tragedia aérea que se produjo en Madrid, en el momento del despegue de un vuelo con destino a Gran Canaria, en la que fallecieron 154 personas, más de 70 de ellas de las islas.
La declaración aprobada recuerda que a pesar de que desde 1972 han fallecido en España más de 1.800 personas en accidentes aéreos, no existe un organismo que investigue “con rigor y seriedad” las causas de estos siniestros.
En este sentido, el edicto señala que la Comisión Oficial de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil “no cuenta con la credibilidad ni de los profesionales del sector ni tampoco con el de las víctimas, puesto que sus informes tienden a culpar a los pilotos fallecidos, que no pueden defenderse, dejando sin corregir otros errores”.
El Consistorio destaca que el accidente de 2008 y la posterior investigación de lo ocurrido han dejado a los afectados y a toda la sociedad una sensación de “angustia y frustración”, con un sentimiento generalizado de “falta de credibilidad” hacia quienes tienen la obligación de investigarlas.
Por ese motivo, se pide remediarlo tomando como referencia otros países que sí cuentan con un órgano encargado de investigar los transportes aéreos, ferroviarios y marítimos, como son Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Holanda, en Europa, o los Estados Unidos.
“Las muertes producidas por los accidentes aéreos tendrían que servir para mejorar la seguridad de los ciudadanos que utilizan el transporte aéreo, máxime cuando la insularidad de las Islas Canarias lo hace imprescindible para su conectividad con la península”, se recuerda en la declaración.
Además, valora la labor que viene haciendo la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 para exigir la investigación de este accidente y depurar las responsabilidades por la muerte de 154 personas y las lesiones en 18 supervivientes, así como para poner los medios para evitar que estas tragedias vuelvan a producirse.