El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido no recurrir la sentencia con Emalsa sobre el saneamiento de enero de 2013 a abril de 2014, que supone el pago de 6,6 millones de euros por el impago de estas facturas.
Esta decisión se ha adoptado después de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria haya llegado a un acuerdo con los socios privados de la empresa mixta de aguas, Emalsa, y que asegura que le supondrá “un ahorro a las arcas municipales de más de un millón de euros” en concepto de intereses, según informó el Consistorio en un comunicado.
Y es que, según el gobierno municipal, estos son los intereses que se han ido acumulando tras condenar, hace un mes, un juzgado a la Corporación local por la decisión del anterior mandato de no abonar 16 meses, de enero de 2013 a abril de 2014, de las facturas del servicio de saneamiento.
La sentencia “deja claro” que el argumento que utilizó el anterior gobierno municipal para no abonar el servicio de saneamiento, no justifica eludir la obligación del pago de las facturas a Emalsa, asegura el Consistorio.
La Asesoría Jurídica municipal ha recomendado al actual Gobierno local a no presentar recurso de apelación contra dicha sentencia ya que ello llevaría a “dilatar el pago de las facturas” con sus correspondientes intereses. Basándose en ello, el equipo de gobierno ha optado por no recurrir y asumir el pago de los 6,6 millones de euros recogidos por la sentencia judicial a Emalsa.
Además, el tripartito ha iniciado conversaciones con la empresa mixta de aguas sobre la carga económica que deberá afrontar el Ayuntamiento para hacer frente a esta sentencia. En este sentido, el Ayuntamiento ha logrado que Emalsa “renuncie a reclamar los intereses de demora” a los que tiene derecho según la sentencia. Esos intereses ascenderían, si se pagara la sentencia antes del 31 de marzo, y según cálculos de los técnicos municipales, una cantidad de 1.009.797 euros más de las arcas públicas, dinero que se ahorra de esta forma el Ayuntamiento.
Por otro lado, Emalsa también ha aceptado “renunciar a reclamar judicialmente al Ayuntamiento el abono del segundo periodo de facturas impagadas, el que va de mayo de 2014 a noviembre de 2015”, y por el que se le debe a la empresa de agua casi 8,7 millones de euros, “deuda que ya ha generado 350.000 euros en intereses de demora, unos intereses que la compañía de aguas también renuncia a cobrar”.
El Ayuntamiento también ha señalado que tiene que establecer ahora un procedimiento para el abono de las cantidades adeudadas que concilie la obligación de su pago con las disponibilidades económicas de la administración municipal.