El Gobierno regional ha aprobado este jueves una propuesta de reforma estatutaria, que incluye la modificación del sistema electoral canario, y supone “reeditar” el acuerdo suscrito por CC y PSOE en 2006 sobre esta cuestión, al que se han sumado ahora “la mayoría” de las enmiendas que el PP presentó en 2007 en el Congreso de los Diputados.
Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno el consejero regional de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, quien ha destacado que el Ejecutivo “ha cumplido, con dos meses de antelación, su compromiso” de remitir antes del 31 de diciembre de este año una comunicación sobre la reforma del Estatuto de Autonomía al Parlamento de Canarias.
Esta comunicación, que consta de 201 artículos, seis disposiciones adicionales, dos transitorias, y una derogatoria, será debatida por los grupos parlamentarios en el marco de una ponencia institucional, como ocurriera en 2006, para su posterior remisión al Congreso de los Diputados como proposición de ley.
Hernández Spínola ha recalcado que ésta no es una propuesta de reforma estatutaria “del Gobierno de Canarias o de CC y del PSOE, sino que se trata de un texto perfectamente asumible por parte del resto de los grupos” representados en el Parlamento regional, que, según ha asegurado, “se van a poder reconocer en él”.
Incorporadas la “mayoría de las enmiendas” del PP
Así, el consejero ha resaltado que la propuesta que llegará al Parlamento incorpora la “mayoría de las enmiendas” que el Grupo Popular presentó en 2007 en el Congreso de los Diputados, como las que hacen referencia a la “participación” de la comunidad canaria en competencias exclusivas del Estado, como puertos y aeropuertos, comercio y sanidad exterior, o costas.
Otro de los planteamientos de los populares que tiene en cuenta esta propuesta de reforma estatutaria está relacionado con el reconocimiento de las llamadas aguas canarias como parte del territorio del archipiélago, un ámbito donde se ha exceptuado el dominio público marítimo terrestre.
Frente a quienes consideran que no es el momento más idóneo para impulsar esta reforma, Hernández Spínola ha opinado todo lo contrario y ha afirmado que la actual coyuntura socio-económica representa “el momento oportuno para profundizar en el autogobierno de Canarias, una comunidad que no se puede permitir el lujo de renunciar a un estatuto de segunda generación, como el que tienen ya ocho autonomías”.
Así, el consejero ha considerado que el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias será “la mejor herramienta para combatir la crisis económica, especialmente en estos tiempos, en los que el Gobierno ha presentado unos Presupuestos Generales del Estado para 2014 que suponen dar la espalda a esta comunidad autónoma y a sus ciudadanos y un maltrato evidente”.
Convencido de que abordar la reforma estatutaria en la presente legislatura supone un acto de “coraje político”, Hernández Spínola ha garantizado que ello no implicará que el Gobierno regional vaya a desatender los servicios esenciales y la lucha contra el paro, que siguen siendo, ha dicho, sus principales objetivos.
Disolución del Parlamento y aprobación de decretos-leyes
Entre los contenidos novedosos de la reforma estatutaria que propone el Gobierno regional destaca el reconocimiento al presidente de la capacidad para disolver de forma anticipada la asamblea legislativa y convocar elecciones, la capacidad del Ejecutivo para dictar decretos-leyes, como hizo este verano la Junta de Andalucía para abordar la crisis social de los desahucios, y la mayor participación de las instituciones isleñas en las modificaciones del REF.
Además, el texto que debatirá el Parlamento incluye una relación de derechos y deberes de los ciudadanos que viven en las Islas y reordena competencias de cabildos y municipios.
De igual forma, la propuesta plantea rebajar de dos tercios a tres quintos la mayoría parlamentaria exigible para aprobar una reforma del sistema electoral canario, la posibilidad de establecer circunscripciones autonómicas, insulares, o ambas, y reduce a la mitad las actuales barreras, de forma que las insulares quedan en un 15% y las autonómicas en un 3%.