La batalla política sobre la acogida de los menores migrantes no cesa. Cuatro meses después de que PP y Junts tumbaran en el Congreso de los Diputados la propuesta para reformar la Ley de Extranjería, las negociaciones se estancan en el punto de partida. El Gobierno central ha vuelto a invitar al partido de Alberto Núñez Feijóo a sentarse en una mesa de negociación con Canarias, Ceuta y Melilla. El presidente canario, Fernando Clavijo (CC), confía en sus socios de gobierno para sacar adelante la medida que permita la acogida compartida de menores entre comunidades. Sin embargo, los populares aún no han ofrecido su apoyo al pacto y, por el contrario, exigen al Estado que firme un plan de inmigración planteado por Feijóo.
El PP no ha dejado de dar bandazos con respecto a la acogida obligatoria de menores por las comunidades de la Península. El 10 de julio, durante la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada en Tenerife, las autonomías gobernadas por los populares se negaron a apoyar la reforma de la Ley de Extranjería, alegando que no tenían aún información suficiente sobre el texto. Trece días después, tumbaron la reforma en la Cámara Baja. El bloqueo a esta medida abrió una brecha dentro del partido, que en el ámbito nacional se oponía a los intereses que su líder autonómico, Manuel Domínguez, defiende en las islas.
El Gobierno de Canarias, formado por CC y PP, ve en la reforma de la Ley de Extranjería la única forma de paliar la saturación de los recursos de acogida de las islas. El Archipiélago acoge en la actualidad a cerca de 6.000 menores no acompañados en una red de protección insuficiente. Las carencias en los recursos han llevado al Ejecutivo regional a reconocer que algunos de los derechos fundamentales de los niños y adolescentes no están garantizados. Hasta ahora, y ante el fracaso de la acogida solidaria por parte de las regiones de la Península, la comunidad apuesta por esta medida, que permitiría al Estado obligar a las comunidades a acoger menores rescatados en la frontera sur.
El plan Feijóo
Las idas y venidas del PP continuaron en agosto, cuando Domínguez aseguró que su partido estaba dispuesto a negociar en verano la reforma legislativa. Menos de dos meses después, el PP anunció en un comunicado la suspensión de las conversaciones en materia de migraciones y distribución de niños y niñas que llegan a Canarias sin familia. El partido justificaba que el Gobierno central se había negado por carta a pedir ayuda a la Unión Europea en materia migratoria. El Estado lo desmintió y pidió al partido que no inventara ‘’excusas inverosímiles’’.
La última novedad sobre la postura del PP acerca del acuerdo llegó este martes, también de la mano de Tellado. Si el Gobierno central quiere un acuerdo sobre la política migratoria y la situación de los menores no acompañados, “Sánchez solo tiene que estampar su firma” en el plan que Feijóo presentó en septiembre en Tenerife junto a Clavijo. Tellado ha hecho estas declaraciones el mismo día que el líder autonómico aseguró que, al haber una respuesta del PP, “hay una posibilidad real de que la reunión se produzca”. El dirigente de CC aprovechó además para elogiar a Domínguez por haberse “fajado” con la dirección nacional de su partido para conseguir supuestamente el regreso a la negociación.
Algunas de las propuestas recogidas en este texto están ya incluidas en la propuesta presentada por Canarias y España en julio. Otras medidas llevan años aplicándose, como el despliegue de las fuerzas de seguridad en los países de origen y tránsito o el apoyo de la Unión Europea en el control de fronteras. El PP tampoco ha dejado de pedir el despliegue de Frontex en Canarias, a pesar de que los agentes de las fronteras europeas llevan años operando en el Archipiélago. Además, Feijóo exige que el Estado se haga cargo de los gastos extraordinarios de las comunidades y que ponga a disposición de las autonomías infraestructuras vacías o en desuso.
En este sentido, el ministro de Política Territorial ya explicó en julio que el texto remitía a la financiación establecida en la conferencia sectorial de septiembre de 2022: 145 euros por niño o niña. El ministro aseguró entonces tras la Conferencia Sectorial de Infancia que el Estado ofrecería a las comunidades recursos para infraestructuras y para la integración social y educativa de los menores.
Las dilaciones del PP han empujado a la diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, a pedir al Ejecutivo central que prevea una acción alternativa para lograr la gestión compartida por las autonomías de los menores migrantes. “Compartimos la necesidad de sacar adelante la reforma de la ley, pero si ese deseo no se cumple, y si esa mesa de negociación no se vuelve a constituir, ¿cuál es el plan b?”, preguntó la dirigente nacionalista. Mientras tanto, cerca de 6.000 menores no acompañados siguen acogidos en Canarias sin que se vean garantizados muchos de sus derechos, tal y como han advertido desde el propio Gobierno canario, responsable de su tutela.