Barragán dice que el juicio oral contra Elena Luis es por una cuestión administrativa y no afecta al Código Ético del partido
El secretario general de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, señala que el juicio oral abierto contra la diputada autonómica y exalcaldesa de La Guancha (Tenerife), Elena Luis, obedece a una denuncia que afecta al “ámbito administrativo” y “nada tiene que ver” con supuestos casos de corrupción.
En su opinión, Luis no ha “desviado cantidad alguna de la responsabilidad pública para obtener provecho económico para ella misma, para terceros o para el partido”, tal y como establece el Código Ético de CC.
En todo caso, desde CC piden “respeto” para un procedimiento judicial que está abierto y sobre el que se están vertiendo “informaciones falsas e interesadas” que no tienen que ver con el expediente.
“No solo para la ahora diputada Elena Luis, que será juzgada en el Tribunal Superior de Justicia por su condición de aforada, sino también para los vecinos afectados por esta denuncia, uno de los cuales ha fallecido recientemente, y los técnicos municipales que emitieron los informes, que nada tienen que ver con la actividad política”, señala.
CC aclara que los hechos que se le imputan a Luis datan de 2011 cuando la ahora diputada nacionalista era alcaldesa y autorizó una orden de ejecución para solucionar unos desprendimientos que estaban poniendo en riesgo a las personas y los bienes, cuya peligrosidad estaba contrastada.
Esta orden de ejecución, que contaba con todos los informes técnicos municipales favorables y, tal y como establece la normativa vigente, obligó a los vecinos propietarios de la parcela a pagar las obras para su contención.
Los nacionalistas apuntan que la denuncia presentada por un concejal del PSOE fue malversación de fondos públicos, atentado contra el medio ambiente y prevaricación, decayendo las dos primeras porque fueron los vecinos los que pagaron la obra y la actuación es acorde al planeamiento.
Según CC, la diputada afronta la causa “con tranquilidad” ya que disponía, a la hora de dictar la orden de ejecución, de todos los informes técnicos pertinentes y el convencimiento de que estos respetan la legalidad para resolver un problema de seguridad.
