El portavoz de Ben Magec, Antonio Hernández, insistió en que el plan es nulo de pleno derecho tras cuatro sentencias, entre ellas una del Tribunal Supremo, sobre los instrumentos jurídico-urbanísticos que fundamentaban este proyecto, por lo que exigió al Ejecutivo autonómico que lo paralice, “más cuando hay investigaciones sobre miembros del Gobierno”. Precisamente, Hernández consideró que el Ejecutivo ha estado ejerciendo “la presión más destructiva jamás vista en la historia de Canarias” sobre un juez, en referencia al instructor de la Operación Góndola sobre una presunta trama de corrupción urbanística en Mogán.
El proyecto Anfi Tauro contempla 3.600 camas, un campo de golf y un puerto deportivo, cuenta en su haber con cuatro sentencias anulatorias y un dictamen en su contra, según aportan los ecologistas, “y hasta la fecha ningún informe gubernamental o del Consejo Consultivo de Canarias ha valorado”. “El Gobierno debe contrarrestar nuestros informes”, pidió Hernández, asegurando que el propio Ejecutivo canario posee informes propios contrarios a este plan.
“Denunciamos que este proyecto tiene que devolverse al Cabildo de Gran canaria, puesto que presenta innumerables cuestiones de forma y de fondo, que lo inviabilizan como un proyecto turístico de calidad”.
No más camas
Por otro lado, la concentración frente a las puertas de Presidencia sirvió además para exigir un modelo de desarrollo turístico que frene la creación de más camas en Canarias, amparados bajo las excepciones contempladas en la Ley de Directrices. Los ecologistas apuestan por renovar la planta alojativa obsoleta para alcanzar un modelo correcto de desarrollo turístico sostenible, ya que recuerdan que en estos momentos existen en las Islas 200.000 camas turísticas.