La organización ecologista Ben Magec mostró este domingo su asombro por que el consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, cuya función debería ser favorecer el medio natural, centre su interés en descatalogar los sebadales y amenazar esta especie y su ecosistema.
Ben Magec indica en un comunicado que confía en que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias mantenga suspendida cautelarmente la orden de descatalogación dictada por Berriel para que pudieran iniciarse las obras del puerto de Granadilla.
Tras la comparecencia de las partes ante la sala el pasado viernes, “ha quedado claro que no existen razones legales para justificar la descatalogación de los sebadales en Granadilla tal y como resaltaron funcionarios del Servicio de Biodiversidad en varios informes”, señalan los ecologistas.
Porque “sólo se puede descatalogar una especie amenazada cuando pueda desarrollarse en el medio natural en condiciones óptimas sin la necesidad de una protección específica”.
Además, la legislación no admite la descatalogación de una especie amenazada por otras razones que no sean las de conservación, según señala el comunicado.
Por eso la “Cymodocea nodosa” que forma el sebadal “no puede ser descatalogada ni como especie, ni como población y aún menos se podrían descatalogar los ejemplares de Granadilla de forma aislada”.
Berriel, además de “introducir un nuevo elemento de amenaza a la especie y al ecosistema que la alberga”, ha ignorado los informes de la comunidad científica que consideran de enorme interés biológico la zona afectada, afirma Ben Magec.
“El objetivo del consejero no es proteger la especie, sino autorizar una infraestructura que permite la destrucción de esta flora protegida”.
Para los ecologistas, “no es admisible continuar asignando a un irresponsable como el señor Berriel un área de gobierno sobre la que la población canaria muestra una extraordinaria sensibilidad”.
Ben Magec pide a las administraciones autonómica y central que muestren “un mayor interés en conocer la legislación sobre biodiversidad y dediquen más esfuerzos para que se cumpla”.
Respecto a la petición al juez por parte de la Autoridad Portuaria para que exija a la organización ecologista un aval de 31 millones de euros, Ben Magec señala que “carece de sentido”.
“Lo que está en tela de juicio es una descatalogación irregular de una especie protegida” y las consecuencias sobre las obras del puerto de esa irregularidad “debe caer en la instituciones que han tramitado dicha descatalogación”.
Señala Ben Magec que “la justicia no puede ignorar que si dentro de un año se anulara la orden de descatalogación, la sentencia sería papel mojado porque los sebadales habrían desaparecido bajo toneladas de cemento”.