El servicio jurídico del Gobierno canario “se devana la cabeza en estos momentos para tratar de defender” la posición del Ejecutivo de “no pagar ni un solo céntimo” por el caso Tebeto (Fuerteventura), “algo que no vale nada”.
Así lo afirmó en la capital grancanaria el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Ejecutivo regional, Domingo Berriel, tras ser cuestionado por la decisión del PSC-PSOE de abrir la vía penal contra el informe pericial del empresario Rafael Bittini en el caso Tebeto, que ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a ordenar el pago de más de 100 millones de euros más intereses, al considerar que en su elaboración y utilización en el proceso administrativo y judicial existen indicios de haberse cometido varios delitos.
“El PSOE tendrá su fundamento para poderla ejercer. El Gobierno en estas cosas es siempre muy cauto y va siguiendo la pauta que le dicen sus servicios jurídicos”, resaltó Berriel, quien reiteró que la administración autonómica “ejercerá todas las acciones jurídicamente posibles”.
En este sentido, insistió en que “el Gobierno va a agotar todas las vías legales que existan, pero la estrategia y qué procedimientos se inician o se culminan allá cada cual tendrá los datos necesarios para poderlo llevar adelante”.
Por último, resaltó que el Ejecutivo canario “no quiere hacer nunca cuestiones que puedan implicar algún tipo de temeridad, sino actuar siempre de acuerdo a lo que digan los servicios jurídicos”.
Pelea con la Judicatura
Berriel se refirió también al acuerdo del Consejo de Gobierno de Canarias de ordenar a los servicios jurídicos que formalicen una denuncia contra la magistrada Victoria Rosell, por sus críticas a la actuación judicial que ha llevado a cabo el Gobierno en relación al expediente sobre los derechos mineros en la montaña de Tebeto.
El consejero tildó de “inexistente” una “pelea” entre políticos del Ejecutivo regional y la judicatura. “El Gobierno entiende que cuando dentro de la legalidad hay alguna cuestión que la tiene que ejercer la ejerce con cualquiera que sea la otra parte que esté afectada”, sentenció Berriel, para quien “no existe ningún enfrentamiento de otro tipo que pueda colegirse de ahí”.
Camas turísticas en Yaiza
Por otro lado, en relación a las 8.000 camas turísticas en el municipio de Yaiza (Lanzarote) denunciadas en los tribunales, Berriel recordó que “es una situación derivada de sentencias judiciales en las que los comportamientos que hayan podido haber en el municipio o por personas concretas son ajenas al Gobierno”.
Asimismo, comentó que el Ejecutivo canario está “muy preocupado” en que se actualicen los planeamientos en Lanzarote y se desarrollen planes generales supletorios en las localidades en que sea necesario “ante la pasividad o falta de concreción de los planes generales” vigentes.