El Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno canario, Domingo Berriel, ha querido aclarar este jueves que cuando habla de “tergiversación mediática” de sus conversaciones telefónicas con el empresario Santana Cazorla no se refiere a los periodistas sino al uso que de su reproducción en prensa hacen terceros.
Berriel compareció este miércoles en el Parlamento de Canarias a petición propia para explicar el contenido de esas conversaciones filtradas a la prensa. “En un país democrático resulta inaceptable la falta de respeto al derecho fundamental del secreto de las comunicaciones, que de manera tan flagrante se ha vulnerado en este caso”, declaró el consejero durante su comparecencia.
“Es surrealista ver una conversación tuya, bilateral y telefónica, por muy intrascendente que sea, transcrita en Internet y en todos los periódicos”, agregó Berriel, quien resumió los hitos más importantes del mencionado expediente “que contextualizan la insistencia de la petición del promotor, en demanda de su agilización y resolución, a la vez de su inconformidad inicial con la drástica reducción del número de plazas de su proyecto, reducción, considerada necesaria, y adoptada por el Gobierno”, explicó.
A juicio de Berriel es “muy grave” que, bajo el pretexto del levantamiento del secreto de sumario, se utilicen las transcripciones de las conversaciones de aforados un año después del auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que reprochó con contundencia esas filtraciones y sentenció con claridad la irrelevancia de las mismas y la inexistencia de incorrección alguna por parte de un miembro del Gobierno y de su presidente, ordenando su archivo. El consejero también expuso que éstas “nada tienen que ver, por decisión del Alto Tribunal, con las diligencias de juzgado alguno”.
Berriel recordó que la solicitud inicial de camas que el proyecto de Anfi Tauro contenía en sus distintas fases de planeamiento “se recortó de 7.500 plazas a 1.681, al entender el Gobierno que así se adecuaba mejor al interés general”. Esta solicitud, así como las de otras tres empresas, se produjo al amparo de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 19/2003, de Directrices, que establece, entre otras previsiones, que durante el primer trienio a partir de la entrada en vigor de la misma, para las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, no se admitirá crecimiento de la capacidad alojativa; y especifica que, excepcionalmente, se podrán otorgar autorizaciones previas para proyectos turísticos que comporten una especial cualificación de la oferta canaria.
Durante su intervención, el consejero detalló todos los encuentros mantenidos con el promotor de Anfi Tauro, así como sus conversaciones con él, recordando que “en primer lugar celebramos una reunión conjunta con el consejero de Turismo del Gobierno de Canarias, en la sede de dicha Consejería en Tenerife, el 16 de noviembre de 2006”. En la misma se expusieron al empresario “las dificultades y las posibles alternativas que pasaban todas ellas por la drástica reducción luego acordada, al tiempo que adquirimos el compromiso de procurar la conclusión del mismo antes de la finalización de la legislatura”, recordó Berriel, cuyo segundo contacto con Santana Cazorla se concretó “en la fugaz conversación telefónica de enero de 2007, grabada, trascrita, indebidamente filtrada y publicada en internet y en los medios de comunicación”.
La última conversación del consejero con el promotor del proyecto Anfi Tauro fue el 2 de febrero del 2007, también telefónicamente, si bien ésta, “aún cuando algún medio se hizo eco de su contenido”, dijo Berriel, “curiosamente” no apareció en los medios de comunicación. “En dicha conversación, rememoró el consejero, le repetí, expresándole de forma reiterada e incluso de forma expeditiva, cuál iba a ser el informe de la Consejería que se elevaría al Gobierno”.
Para dar conocimiento y contraste de estos últimos informes, el consejero del Gobierno canario acordó mantener una breve reunión con el empresario dos días después en Tenerife, antes del Consejo de Gobierno, para la que también citó a la entonces secretaria general técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, y al jefe de Servicio de Ordenación Territorial, autor del informe definitivo. Dicha reunión no llegó a celebrarse por la detención en el aeropuerto de Gran Canaria de Santiago Santana Cazorla el día 4 de febrero de 2007, que fue puesto en libertad sin fianza al día siguiente.