El secretario general del PSC de Santa Cruz de Tenerife José Manuel Corrales demanda al Presidente regional del PP canario, José Manuel Soria, “que no mire a otro lado ante un caso claro de inmoralidad política y que cese a los responsables del enorme desaguisado que ha provocado una lógica alarma social”.
Se trata del llamado caso Bragagate, en el que se ha destapado “una supuesta financiación irregular del PP debe ser aclarado y de esta forma limpiar la buena imagen del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife”.
A juicio de José Manuel Corrales, los gastos “gravemente irregulares y poco éticos” realizados por el grupo municipal popular durante el mandado correspondiente a la anterior legislatura de 2003-2007 “suponen una vulneración de las más elementales reglas de la decencia política y aquellos que son responsables de estos 'horrores' deben pagar políticamente por ello”. A su juicio, “el PP tinerfeño ha actuado durante mucho tiempo embriagado de poder y ha sido cogido en calzoncillos de forma 'in fraganti”.
El secretario general del PSOE de Santa Cruz José Manuel Corrales se siente “escandalizado por la justificación de gastos del Grupo Municipal Popular que van desde la compra con dinero público de los famosos calzoncillos y bragas, las botellas de whisky, ron y tequila, los puros y los hoteles de lujo con todos los gastos pagos para la familia, incluyendo spa, etc. Ante este bochornoso espectáculo nadie puede callarse sin sentir rubor y vergüenza ajena”.
Apariencia de normalidad
“La actitud de los dirigentes del PP tinerfeño de aparentar fraudulentamente la normalidad en el gasto realizado tenia la insana intención de engañar y burlar a los órganos de fiscalización interna del Ayuntamiento de Santa Cruz y de esta forma burlarse también de la ciudadanía”, prosigue el socialista.
José Manuel Corrales considera que esta conducta “además de indecente es descaradamente ilegal, ya que los propios dirigentes del PP reconocen los comportamientos fraudulentos a la hora de justificar los gastos citados”. Y citó textualmente las palabras de Manuel Fernández, secretario regional del Partido Popular canario, quien señaló que “cada uno se metió las manos en los bolsillos y sacó las facturas personales que tenía cada uno y las aportó para cubrir ese dinero”, utilizando según él “un subterfugio legal”.
Para Corrales, esto “demuestra que algunos son capaces de utilizar excusas sin fundamento ante comportamientos poco éticos o simplemente indecentes”.