La victoria electoral del Partido Popular en Mogán en las elecciones municipales de 2007 sigue bajo sospecha de masivo fraude electoral. La Policía ha solicitado este verano a la nueva juez responsable del caso Góndola, Mónica Oliva, que inste tanto al Instituto Nacional de Estadística (INE) como al Departamento de Recaudación de la sociedad municipal Gesmogán a entregar datos para verificar el presunto fraude electoral cometido por la ex primer teniente de alcalde, Onalia Bueno (PP), así como favores realizados por el vigente alcalde, Francisco González (PP), a vecinos del municipio sujetos a embargos ejecutados o multas cobradas por infracciones de diversa índole, con el aparente fin de evitar un descalabro electoral en la última cita con las urnas.
Onalia Bueno, mano derecha de Francisco González durante el mandato 2003-2007, fue detenida el 23 de enero de 2007 junto al actual alcalde del PP, imputada de diversos delitos, entre ellos ordenar a sus asesores municipales una investigación ilegal a la actual jefa superior de Policía, Concepción de Vega Caamaño, al ser esta la principal responsable de la denominada Operación Góndola contra la corrupción en el Ayuntamiento de Mogán. Entre los delitos que pesan sobre Onalia Bueno figura el presunto fraude electoral, por dirigir desde el Consistorio una trama para captar votos para el PP, ya fuera por medio del empadronamiento de extranjeros en el municipio como por la compra directa del sufragio.
En conversaciones grabadas por los investigadores del caso Góndola, Onalia Bueno llega a pedir el 4 de octubre de 2006 a la cuñada del alcalde y funcionaria del Ayuntamiento, Josefa Suárez González, conocida como Pepa, un favor de máxima confianza: “...Empadronar gente, hombre que son de otros municipios pero, me interesan que voten, que van a llevar un contratillo de nada que les estoy haciendo yo, ¿sabes?...”.
Del mismo modo, el asesor de Onalia Bueno Manuel de León, conocido como May, y también imputado por un presunto delito de fraude electoral, fue detectado por la Policía a la caza del voto fraudulento, en una conversación del 24 de octubre de 2006 en la que dialoga con Armando Jiménez Montesdeoca, persona con vínculos de amistad con varios responsables políticos del Ayuntamiento de Mogán. May y Armando Jiménez comentan en esa conversación de manera abierta la cantidad de extranjeros que empadronan a diario, con la intención de enviar posteriormente su voto por correo. “...Hombre, ya yo tengo ya...ya hoy mismo ya empadroné ya esta mañana a cuatro, y aquí tengo ahora pa'empadronar otra vez ahora, uno..., a ver, Susi, Edmon, Traiker, ¿cómo se llama esto?, Tom...”.
Del modus operandi del asesor de Onalia Bueno en sus conversaciones pinchadas se desprende que la trama investigada incluye también la compra del voto. “...Vamos a ver, vamos a ver un cosa Armando seamos inteligentes, aquí nos pagan los votos, nosotros cogemos el dinero...”, le dice May a su interlocutor aquel día de octubre de 2006 dando a entender que como contrapartida a la obtención de votos percibía un beneficio económico, presuntamente por parte de los dirigentes del PP, Onalia Bueno y Francisco González.
Las evidencias del presunto fraude electoral han llevado a la Policía Nacional a solicitar a la juez Oliva, el pasado 27 de julio, que oficie a la Subdirección General de Censos y Padrones del Instituto Nacional de Estadística (INE) para que aporte un listado con todas las altas producidas entre el 1 de junio de 2006 y el 1 de marzo de 2007 -se sospecha que el fraude electoral continuó adelante a pesar de la detención de Onalia Bueno el 23 de enero- en Mogán, así como los datos de filiación de las personas objeto de dichos trámites.
Embargos y multas de agosto de 2006 a enero de 2007
La medida solicitada por los investigadores del caso Góndola no se circunscribe sólo a los empadronamientos presuntamente fraudulentos con el fin de captar votos en mayo de 2007 para el PP. También este verano, la Policía solicitó a la juez el 9 de septiembre pasado, que reclame al Departamento de Recaudación de Mogán Gestión Municipal la entrega de toda la información relativa a tres vecinos del municipio, por los cuales había intercedido el alcalde de Mogán ante los embargos y ejecuciones de multas e infracciones.
La solicitud de la Policía Nacional se extiende a todos los embargos ejecutados o multas cobradas entre los meses de agosto de 2006 y enero de 2007, al detectarse en una conversación grabada al alcalde de Mogán, Francisco González, el 29 de agosto de 2006, cómo da instrucciones a la funcionaria Patricia Inés Hernández Dávila para que “De todas maneras, Patricia, no me mandes nada más a Recaudación, nada más”.
El alcalde temía, ya por esas fechas previas a las elecciones de mayo de 2007, repercusiones negativas en las urnas. “Ya tengo cabreado a medio a medio pueblo ya”Ya tengo cabreado a medio a medio pueblo ya“, le llega a decir Francisco González a otro interlocutor que le pide un favor similar de evitar un embargo por infracción urbanística, el 2 de septiembre de 2006.