El vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, hizo pública este martes la decisión alcanzada ayer por el Consejo de Gobierno de la institución insular por la que han trasladado a la Fiscalía la carta “supuestamente” escrita por la consejera del Partido Popular (PP), Vicenta Díaz, fallecida recientemente, para tratar de esclarecer sus acusaciones.
Se trata de reproches tanto personales, en relación a posibles “maltratos psicológicos”, como de presuntas “irregularidades” en el funcionamiento de la Institución y en relación con ciertos expedientes, entre los que se incluye el de la fase I del Anillo Insular de Telecomunicaciones de Tenerife o el Plan Especial de Carreteras.
En cualquier caso, desde el Cabildo insisten en que las acusaciones que contenía el escrito “carecen totalmente de fundamento” pero que, ante la “gravedad de las mismas”, han decidido “no dejar en el limbo de la sospecha” sus supuestas palabras, pues aún no está del todo comprobado que esa misiva sea obra de la que fuera consejera de Carreteras en el Cabildo.
Según explicó Alonso en una rueda de prensa en la que también informó acerca de de los 42 acuerdos alcanzados este lunes por el Consejo de Gobierno insular, la decisión se ha tomado después de que se abriera un expediente de información reservada, a petición del presidente del Cabildo, Ricardo Melchior, para “tener toda la información posible desde el punto de vista administrativo y poder actuar en consecuencia”. Este expediente les ha permitido concluir que las acusaciones de índole personal “carecen totalmente de fundamento”
Asimismo, la coordinadora general del Área de Recursos Humanos y Defensa Jurídica, Rosa Baena, y el vicesecretario de la Corporación insular, José Antonio Duque, insistieron en que esta iniciativa lo que pretende es aclarar los hechos y valorar la posible comisión de un delito de calumnias o por atentar contra el honor tanto de Melchior como de los funcionarios de la Corporación.
Sin embargo, ambos reiteraron la importancia de ofrecer el “máximo respeto” a la memoria de su antigua compañera, lo que no excluye su necesidad de esclarecer los hechos, para lo que ya consta en posesión de la Fiscalía el conjunto de actuaciones del Cabildo en los puntos puestos en entredicho en “legítima defensa”.
Carlos Alonso reconoció que, antes de la publicación de esta supuesta carta de Díaz por varios medios de comunicación, no tenía conocimiento de su existencia, aunque reiteró que, para él, “ya la cuestión no es ni la autoría, sino la utilización política de esta carta, lo que nos parece más grave”.
Además, recordó que la consejera fallecida había tenido bajas muy prolongadas por su enfermedad, algunas superiores a los 800 días, que se suman a otros largos periodos de ausencia en sus responsabilidades frente a las actividades de la Corporación.