El Cabildo de Gran Canaria ha presentado alegaciones al proyecto de decreto que regula el procedimiento para reconocer la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones del Sistema de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia por generar “indefensión”, entre otros motivos.
En un comunicado remitido este viernes, el Cabildo ha informado de la presentación de alegaciones al entender que varios artículos de esta norma generan “indefensión, inseguridad, discriminación y perjuicios generalizados a las personas solicitantes, además de detectar una dejadez de competencias por parte del Ejecutivo autonómico”.
Entre otras cuestiones, el Cabildo sostiene que el Catálogo de Servicios y Prestaciones de Canarias fija que la competencia de la realización del Programa de Atención Individual recae en el Gobierno de Canarias por lo que “no puede establecerse en el proyecto decreto como una obligación” sin haberse acordado entre las partes, si bien deja claro que prestará los apoyos necesarios cuando le sean solicitados y siempre que tenga capacidad para hacerlo.
El Gobierno insular cuestiona también la incorporación a la valoración de la situación de dependencia de un nuevo equipo denominado 'Equipo de Triaje', cree que generará “indefensión” y que sólo debería mantenerse en los casos en los que facilite el trámite a favor del interesado.
El Cabildo de Gran Canaria cuestiona además la tramitación de este proyecto de decreto por la vía de urgencia, dado que, como mantiene en su documento, el Gobierno de Canarias “no parece apreciar los beneficios que, para obtener una regulación de calidad, tiene dar cumplimiento efectivo a los principios de participación y colaboración que, junto al de transparencia, forman los pilares de un modelo de gobierno abierto”.
Y recuerda el discurso de investidura del presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo , cuando se comprometió a “escuchar a la sociedad civil, no pretendiendo sustituirla” o cuando aseveró debían “abordar los problemas desde una perspectiva transversal, huyendo de los departamentos estancos e implicando a los actores privados capaces de ofrecer y aplicar las mejores ideas”, entre otras.
La tramitación por la vía de urgencia “es un claro ejemplo de incumplimiento” de la premisa de desarrollar procesos deliberativos, que busquen la interacción entre los distintos niveles de gobierno, las organizaciones sociales y económicas, y la sociedad civil en su conjunto, y máxime en un asunto “de gran trascendencia social y en el foco del debate público desde hace ya varios años”, concluye la corporación insular.
Malestar del personal con la gestión
Según datos oficiales de Dependencia, Canarias ha empezado a registrar altas en el sistema, después de dos meses prácticamente a cero en los datos del IMSERSO (que advertía en sus informes de un problema con estos datos de las Islas). Desde la Consejería de Bienestar Social señalan que puede deberse al nuevo sistema informático, aunque el personal insiste en denunciar el “caos” organizativo en esta área, por el que se llegó a pedir la dimisión de la directora general, Concepción Ramírez.
Tanto desde el Comité de empresa de Las Palmas, cuya portavoz es Yolanda Cívicos (IC), como desde el de Tenerife, con Francisco Barrios (CCOO), inciden en el caos que supone que las citas para que las valoradoras acudan al domicilio se concreten a través del 012 Además, la falta de formación es tal que no se tiene en cuenta, por ejemplo, si esa persona está en el hospital o no se da opción para que los solicitantes puedan organizar mejor su cita si por ejemplo les coincide con una cita del médico, lo que hace que se acumulen incidencias en estos casos. Insisten en la necesidad de que el personal valorador cuente con un día de oficina para poder poner al día su expediente y estudiarlo antes de acudir a las citas.
Los trabajadores además luchan contra el nuevo decreto que se quiere impulsar desde la Consejería y que supondrá, entre otras cuestiones, que en el caso de que pasen seis meses desde que se solicita la ayuda, se entenderá como desestimada debido a un “silencio administrativo”. Esa reducción de la lista de espera que quiere lograr el decreto, los técnicos alertan de que “no puede establecerse a costa de disminuir la calidad del trabajo, hacer una criba injusta de expedientes y reducir las garantías de acceso al derecho en igualdad y con seguridad jurídica”.