El Cabildo de Gran Canaria rechaza frontalmente el proyecto del Estado de destinar a Canarias la mitad de las ayudas previstas inicialmente para la implantación de energía fotovoltaica, es decir, 20 millones de euros, mientras que a Baleares se destinan 40 millones a pesar de tener la mitad de población y sin tener en cuenta la ultraperificidad canaria.
Por este motivo, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha remitido una misiva al director del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Joan Groizard, no solo para hacerle notar este desacuerdo y solicitar que la cuantía, proveniente de los fondos europeos Feder, se mantenga en 40 millones para Canarias, sino para exponerle la “discriminación” a la que somete a Gran Canaria al limitarle las ayudas a la instalación de 32 MW frente a los 94 MW que subvencionará en Tenerife, lo que en la práctica “supone destinarle el triple de ayudas a pesar de que Gran Canaria presenta mayor necesidad”, según el Cabildo,
Por ello, le pide que corrija la potencia y la sitúe en 95 MW para Gran Canaria. Esta convocatoria de ayudas del IDAE prevé subvencionar un total de 150 MW en Canarias, al limitarla a 32 en Gran Canaria, recibirá como máximo 4,2 millones de euros, mientras Tenerife, a la que subvencionará hasta 94, podrá recibir hasta 12,5 millones de euros, es decir, el triple a pesar de tener similar demanda energética, similar población, pero con solicitudes de instalación casi cuatro veces inferior.
Por otra parte, la potencia fotovoltaica instalada en Gran Canaria, según datos del Anuario Energético de Canarias de 2018 citados por el Cabildo, es de 41,5 MW frente a los 116,8 de Tenerife; “esto es un diferencial de más del 180%, al que se agrega el diferencial en eólica, de un 21% superior en Tenerife”.
La convocatoria, insiste el Cabildo, “debería contribuir a una penetración equilibrada, del mismo modo que fue compensada Tenerife por tener menos eólica en el correspondiente concurso, pero por el contrario esta convocatoria profundiza en las diferencias”.
Morales comparte el esfuerzo del IDAE por acelerar la transición ecológica, sin embargo el borrador distribuido con conocimiento del Gobierno canario para la “resolución por la que se realiza la primera convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología solar fotovoltaica situadas en Canarias cofinanciadas por los Fondos Comunitarios Feder” perjudica a Canarias e incurre en este segundo perjuicio para Gran Canaria al destinarle un tercio que a Tenerife, critica.
Las solicitudes administrativas publicadas en el BOC de proyectos de instalaciones fotovoltaicas en Canarias desde el año 2017 hasta el 2020 revela, afirma el Cabildo, que la isla que cuenta con mayor número de solicitud de potencia fotovoltaica es Gran Canaria, con una estimación de 182 MW, seguida de Fuerteventura con 68 MW, Tenerife con 50 MW y Lanzarote con 8 MW. La demanda de solicitudes de instalaciones de energía fotovoltaica en Gran Canaria prácticamente cuadruplica por tanto las de Tenerife (3,65 veces), siendo incluso superior en Fuerteventura (1,36 veces).
La Corporación afirma que el borrador de la convocatoria de ayudas, sin embargo, plantea un reparto de potencia entre islas que no se relaciona con las necesidades a cubrir para lograr la máxima penetración de renovables en el archipiélago, de modo que Tenerife sumaría los 94 que propone subvencionarle a los 116,8 MW de los que dispone y obtendría como resultado 210,8 MW, frente a los 32 MW que propone subvencionar en Gran Canaria, que sumados a sus 41,5 instalados, situaría finalmente su potencia en apenas 73,5 MW, con lo que “no contribuye a una penetración equilibrada”, afirma.
“La demanda de energía eléctrica es similar en ambas islas, de modo que la penetración de energía renovable debería seguir una evolución similar”, expone el presidente del Cabildo en la misiva.
Por otro lado, prosigue, Gran Canaria sigue pendiente de la autorización administrativa de la ejecución de la Central de Almacenamiento de Hidrobombeo de Chira-Soria que, con una potencia de turbinado de 200 MW, de modo que el potencial de penetración de Gran Canaria es muy alto y las políticas deben ir encaminadas a facilitar esta penetración y no a limitarla, por lo que Gran Canaria pide que la potencia que subvenciona esta línea se distribuya según las necesidades y solicitudes de cada isla y que lejos de ser apenas 32 MW sea de 95 MW.
Dada la situación de crisis sanitaria, y la necesaria adaptación del sector público y empresarial al nuevo escenario, el Cabildo de Gran Canaria propone que el plazo de presentación de proyectos pase de dos a seis meses y se negocie asimismo con la Comisión Europea que el plazo de justificación de la inversión sea ampliado a seis meses.
Dados los sobrecostes de la ultraperiferia, Gran Canaria solicita que incremente en un 20% el presupuesto unitario máximo financiable, así como valorar, más que el almacenamiento, la presencia de cooperativas y comunidades energéticas para contribuir a una mayor democratización energética.
En definitiva, el presidente solicita que los “desequilibrios sean corregidos y que la convocatoria atienda a un desarrollo que potencie la presencia de energía fotovoltaica allí donde sea más deficitarias, además de adaptarse al momento actual y a la lejanía de Canarias”.
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