El Cabildo rechaza el proyecto de reducción de emisiones en el Puerto de Las Palmas por incluir una planta de gas

Recreación del proyecto de la planta de gas de Totisa en el Puerto de Las Palmas.

Canarias Ahora

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El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el consejero insular de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, han expresado su negativa a la instalación de una planta de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado (GNL) y una central eléctrica de 70 MW destinada al suministro del Puerto y buques atracados.

Tras mantener este lunes un encuentro con representantes de la plataforma ciudadana y junto a varios colectivos ecologistas han reiterado su rechazado al proyecto de Totisa Holdings.

Por su parte, la plataforma ciudadana expresó su preocupación por el impacto ambiental y sobre la salud pública que representaría esta infraestructura, la cual consideran como un “importante foco de contaminación que pondría en riesgo la calidad del aire y la seguridad de la población local”.

Los representantes abogaron por el impulso de alternativas energéticas más sostenibles, alineadas con la transición energética de la Isla y sin perjuicio para la salud pública.

Tanto Morales como García Brink manifestaron su pleno apoyo a estas preocupaciones y reiteraron su oposición al proyecto, señalando que contradice la estrategia de transición ecológica del Cabildo. El consejero de Medio Ambiente y Energía destacó que el proyecto de Totisa “significaría un retroceso en los objetivos de transición energética del Cabildo”.

El Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria (CIEGC), a través de tres informes técnicos emitidos desde 2023, respalda la postura desfavorable del Cabildo hacia esta planta. En estos documentos, el CIEGC reconoce la necesidad de una infraestructura para el suministro de GNL en el puerto para cumplir con las normativas internacionales de reducción de sulfuros, pero cuestiona la inclusión de una central eléctrica de 70 MW que, además de no estar justificada para mejorar la integración de energías renovables ni la estabilidad del sistema eléctrico, aumentaría significativamente las emisiones de CO₂.

Además, advierte sobre el riesgo de efectos nocivos en la salud de los vecinos y trabajadores, considerando que en el pasado ya se desmanteló una infraestructura similar por estos mismos motivos.

Como alternativa, el Consejo propone utilizar la red de distribución eléctrica existente para abastecer a los buques, una medida que permitiría reducir emisiones sin necesidad de construir una nueva planta de combustibles fósiles.

Otro aspecto clave que destaca el CIEGC es que solo un 6% de la energía generada por la planta de Totisa se destinaría al ‘cold ironing’ de los buques, mientras que el 94% restante se volcaría a la red para su venta, lo que evidencia que el verdadero objetivo es comercializar energía, no reducir la huella de carbono del puerto. Además, el Consejo señala que las fugas de metano en el proceso de generación y regasificación invalidarían cualquier posible beneficio medioambiental.

En su tercer informe, el Consejo también cuestiona la justificación de Totisa en cuanto a la capacidad de la red eléctrica existente, argumentando que si las líneas de distribución actuales (20 kV) no pudieran atender la demanda de los buques, el propósito del ‘cold ironing’ quedaría en entredicho, lo que evidenciaría una inconsistencia en el proyecto de Totisa.

 

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