El Cabildo de Tenerife ha apoyado este viernes plantear un recurso por conflicto de competencias en defensa de la autonomía local contra la disposición incluida en la ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2013 en la que se da por definitiva la liquidación de las entregas a cuenta de 2010 por parte del Gobierno regional a las corporaciones insulares.
Este es uno de los acuerdos aprobados por unanimidad en el pleno extraordinario de la corporación insular, que no ha durado ni cinco minutos y en el que no ha habido debate.
Esta decisión, sobre la que todos los cabildos canarios tendrán que pronunciarse antes del día 29 de marzo, se comunicará al Consejo Consultivo y posteriormente los juristas de la Federación Canaria de Islas (Fecai) planteará formalmente el recurso ante el Tribunal Constitucional.
El presidente de turno de la Fecai, Casimiro Curbelo, ha indicado que uno de los objetivos es que la definición de los recursos asignados a las competencias transferidas a los cabildos sea constatable por ley y no esté sujeta “a la libre voluntad” del Gobierno regional, que a partir de 2009 ha adoptado criterios diferentes con la consiguiente merma de fondos.
En el acuerdo aprobado por el Cabildo de Tenerife se denuncia que la ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2013 vulnera el principio de autonomía local en su vertiente de suficiencia financiera.
“La autonomía de los entes locales va, entonces, estrechamente ligada a su suficiencia financiera, por cuanto exige la plena disposición de medios financieros para poder ejercer, sin condicionamientos indebidos y en toda su extensión, las funciones que legalmente les han sido encomendadas”, reza el acuerdo plenario.
Asimismo, en este texto se considera que el presupuesto del Ejecutivo regional “viola” la autonomía local al impedir a los cabildos el ejercicio de sus derechos.
Por todo ello, el pleno ha acordado plantear ante el Tribunal Constitucional un conflicto de defensa de la autonomía local y ha facultado al presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, a la adopción de “cuantos actos y trámites sean precisos” para la ejecución de los acuerdos adoptados.