La portavoz de Cambio por Sataute (CxS), Guadalupe del Río, ha presentado esta semana en el Ayuntamiento de Santa Brígida un recurso de reposición contra el acuerdo del Consistorio en el pleno del pasado 30 de septiembre, en el que se dio luz verde al expediente de contratación de los servicios públicos de recogida de basuras y limpieza viaria, porque en el mismo existen “infracciones no subsanables del ordenamiento jurídico”.
En un extenso informe, el grupo de la oposición denuncia las irregularidades cometidas en el pliego, como puede ser la “errónea calificación del contrato como gestión de servicios públicos” cuando apunta que se trata de un contrato público de servicios ya que, entre otras cosas, la empresa que salga ganadora de la concesión no tiene “un gran riesgo de explotación”, casi todo es ganancia.
También asegura que se cometen infracciones del artículo 133 del Texto Refundido ley de Contratación Pública (TRLCPS) con relación al artículo 183 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP) ya que “se precisa” la incorporación del proyecto de explotación al expediente de contratación para calcular el precio del contrato conforme a lo previsto en el Informe 2/2010. Sin embargo, los argumentos del informe del Técnico de Administración General “no se pueden acoger”, ya que pretende, en contra de una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que dictamina que el “proyecto técnico es un elemento clave en el sistema del concurso porque ofrece a los interesados en participar en él la información imprescindible para elaborar las ofertas”, que el proyecto de explotación es preceptivo en aquellos casos en los que se prevea la ejecución de obras, justificando “su no incorporación” al expediente al entender que “se inserta un esbozo del estudio económico-administrativo en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP)”.
Según el informe del grupo liderado por Guadalupe del Río, tampoco se incluye en el acuerdo adoptado “la autorización del gasto plurianual previo o simultáneo a la aprobación del expediente de contratación y al gasto que la misma representa para la administración”, al amparo del artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Así, determinan desde la oposición que “no se hace mención expresa a que se cumplan los requisitos exigidos para los gastos plurianuales”, un hecho que hace que se “vicie” tanto el expediente como la aprobación del mismo.
Otro de los elementos que observan es la infracción de los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia. “El atribuir unas facultades exorbitantes a la mesa de contratación en la búsqueda de la oferta económicamente más ventajosa” y el hecho de permitir que sea el técnico el que tenga la última palabra a la hora de confirmar el contrato “genera incertidumbre e inseguridad jurídica”.
Por ello, desde CxS solicitan que se admita el recurso y se deje sin efecto el acuerdo del Pleno del 30 de septiembre. Además, vistas las distintas infracciones denunciadas, esperan que se suspenda la licitación hasta que se resuelva conforme a lo interesado como medio de tutelar la defensa de interés público municipal representado en “el peligro” que para la hacienda local reportaría una anulación del expediente “por una resolución judicial al tener que hacer frente a indemnizaciones a favor del empresario que resulte adjudicatario”.