El Gobierno de Canarias mantiene su rechazo al texto del proyecto de ley de Racionalización de las Administraciones locales que, a juicio del Ejecutivo autonómico, aún contiene cuestiones que pueden vulnerar el principio constitucional de autonomía municipal y que “además carece del necesario consenso institucional y político que merece”, explicó el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola. El Ejecutivo autonómico centra su preocupación en el futuro y sostenibilidad de los servicios sociales que actualmente desarrollan los municipios y corporaciones insulares en Canarias y en el incremento de las facilidades que este proyecto de ley supone para la privatización de servicios públicos.
El consejero espera analizar con mayor profundidad el texto del proyecto de ley, a cuya redacción final aún no ha tenido acceso el Gobierno de Canarias, para emitir una opinión más profusa sobre los cambios aplicados por el Consejo de Ministros respecto al borrador de febrero de 2013. “Especialmente, miraremos si finalmente el Gobierno de Rajoy ha incluido la referencia a la especificidad canaria relativa a los Cabildos Insulares y los ayuntamientos canarios, tal y como se promovió desde Canarias con acuerdo institucional y político unánime”, explicó el consejero, quien insistió en que se trata de un aspecto esencial para el Archipiélago y que cuenta con el respaldo de todos los partidos políticos, la Federación Canaria de Municipios y la Federación Canaria de Islas.
Hernández Spínola emitió esta opinión tras conocer que el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprobado hoy por el Consejo de Ministros, mantiene la mayor parte de los aspectos polémicos del borrador elaborado en febrero de este año. La sustitución del concepto de “coste estándar” por “coste efectivo” es un aspecto que el Gobierno canario analizará con mayor detalle cuando conozca la redacción final del proyecto. “Las explicaciones públicas del ministro nos suscitan serias dudas que debemos aclarar”, explicó.
Entre ellos, el consejero entiende que el texto pone en serio riesgo la calidad y eficiencia de la prestación de los servicios sociales al atribuir las competencias en esta materia a las comunidades autónomas. “El Gobierno de Canarias, está convencido de que los servicios sociales son más eficientes cuando es la Administración Pública más cercana la responsable de su prestación”, aseguró el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
“El Gobierno de España ha debido hacer un esfuerzo mayor para obtener el respaldo de todos los niveles de la administración Pública y de los diferentes partidos políticos del arco parlamentario antes de aprobarlo por el Consejo de Ministros”, aseguró el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
El consejero de Presidencia espera que durante el trámite parlamentario de este proyecto de ley en las Cortes Generales el Partido Popular acepte modificar los aspectos “polémicos”, ya que el texto tras su paso por Consejo de Ministros mantiene aún muchos de los elementos de controversia que han producido rechazo generalizado. “El PP está solo y aislado para la aprobación de esta Ley en las Cortes Generales”, lo que, según Hernández Spínola, lo condena al “fracaso”. El consejero está convencido de que “hay asuntos para los que el rodillo de la mayoría absoluta debe evitarse, y éste, sin duda, es uno de ellos”.